Historia de Automotora Jorge Torres y el Caso de Corrupción en Maipú y Cerro Navia

La trama de corrupción que involucra a la automotora y a funcionarios de las municipalidades de Maipú y Cerro Navia, en Chile, ha sido objeto de una extensa investigación por parte de la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Esta investigación ha revelado una serie de irregularidades en licitaciones, compra de propiedades y vehículos, y posibles actos de lavado de activos.

Los Primeros Hitos de la Investigación

La trama que ha ido desmadejando la fiscal Tania Mora y que inicialmente estuvo en manos del fiscal Ricardo Encina, tuvo sus primeros hitos en febrero de 2010 y en enero de 2011, con dos reportajes de CIPER. El tercer campanazo tuvo lugar en noviembre de 2011. En esos días la esposa del concejal Torres, Paula Díaz, denunció al edil por violencia intrafamiliar.

En una entrevista concedida a CIPER, Paula Díaz declaró que su marido se coludía con otros cuatro concejales de Maipú para favorecer a la empresa KDM, a quienes les entregaba remesas en efectivo que recibía de la compañía. En abril de 2012 un nuevo reportaje de CIPER difundió una grabación de audio en la que aparece el concejal Torres, el dirigente ambientalista Eduardo Medina y dos ejecutivos de KDM, Fernando León y José Miguel Gutiérrez.

En esa reunión acordaron una estrategia para provocar el cierre del relleno sanitario de la empresa Proactiva, emplazado en Maipú, a objeto de despejar el camino a KDM en una licitación que aseguraba a la empresa ganadora un ingreso de $10.325 millones, en un contrato por cinco años. De ahí que el 10 de abril de 2013 el Consejo de Defensa del Estado interpuso la primera querella en este proceso, dirigida contra dos de los partícipes en el diálogo que fue grabado: Torres y Gutiérrez.

La Compra de la Camioneta Ford Explorer

El 19 de octubre de 2013 el alcalde de Maipú, Christian Vittori (DC), acudió a una automotora de la que salió con una camioneta Ford Explorer que quedó a nombre de su esposa, Pamela Riquelme Loyola. Pero no la pagó él. Tampoco su cónyuge. El vehículo fue cancelado por el empresario Pedro Acevedo Saavedra, administrador de un complejo deportivo ubicado en la misma comuna que dirige Vittori y representante de la Inmobiliaria Don Óscar. El pago de la camioneta se concretó a través de transferencias efectuadas desde una cuenta del Banco Santander que pertenece a la empresa.

Acevedo reconoció a CIPER que concurrió ese día con Vittori a la automotora y que él hizo el pago. La Ford Explorer fue el único vehículo requisado por la Fiscalía en los allanamientos efectuados a 23 domicilios en la madrugada del pasado jueves 16 de abril. Entre los inmuebles registrados se cuentan los domicilios de los alcaldes Vittori y Plaza, además de oficinas municipales y de empresas que han participado en licitaciones.

En esta última arista indagatoria se enmarca la investigación de la compra de la camioneta Ford Explorer adquirida por el empresario Pedro Acevedo y registrada a nombre de la esposa de Vittori. Dentro de las operaciones que investiga la Fiscalía y que pudieron servir para ocultar ingresos defraudados a las arcas públicas, se cuenta la compra de departamentos por parte del concejal Marcelo Torres y de vehículos en el caso del alcalde Christian Vittori a través de terceras personas.

Implicaciones y Acusaciones

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) no esperó las explicaciones de Acevedo y lo incluyó, junto al alcalde Vittori, en una nómina de 13 querellados a los que acusa de lavado de activos, malversación, cohecho agravado y soborno. Ante la gravedad de las acusaciones acumuladas en la investigación de la Fiscalía y las que contiene la nueva querella presentada por el CDE, el alcalde de Maipú Christian Vittori decidió el sábado 9 de mayo congelar su militancia en la Democracia Cristiana, lo que solo trascendió este viernes 15. La noticia fue entregada por el diario La Segunda del mismo día.

La acción judicial del CDE fue ingresada el 29 de abril pasado al 9º Juzgado de Garantía, donde se adjuntó al proceso que se inició en 2011 por denuncias de irregularidades en las licitaciones de la basura en Maipú. Desde fines de 2013 el proceso pareció entrar en estado de hibernación y no se conocieron avances casi por un año y medio. La razón: la investigación incluyó el delito de “lavado de activos”, por lo que se desarrolló bajo reserva total. Trece días después el CDE presentó su ampliación de querella.

Entre los antecedentes probatorios citados por el CDE se cuentan las declaraciones de la esposa de Torres, quien reiteró ante la Fiscalía que en su casa se efectuaron reuniones de concejales para buscar resquicios a objeto de beneficiar a KDM. Paula Díaz ratificó ante los fiscales que su domicilio fue visitado por el gerente de KDM, José Miguel Gutiérrez, quien se presentaba en la conserjería de su condominio con un nombre falso, para entregar bolsos, cajas o sobres, con fajos de billetes de $20 mil.

La Conexión con Cerro Navia

En los últimos cuatro años la indagatoria de la Fiscalía, que ha incluido interceptaciones telefónicas y seguimientos de los sospechosos, fue ampliándose hasta detectar millonarias irregularidades no sólo en licitaciones de Maipú, sino también en la comuna de Cerro Navia. El hilo que conecta ambos municipios es Marcelo Torres Ferrari (RN), quien se desempeña como concejal en Maipú y que hasta enero de 2014 trabajó como administrador municipal en Cerro Navia.

La esposa del concejal Marcelo Torres, al declarar ante el Ministerio Público, sostuvo que desde 2010 su marido participaba en licitaciones irregulares en Cerro Navia. Por esa razón, la investigación de la Fiscalía saltó desde Maipú a esa comuna. Marcelo Torres no fue el unico que trabajó para la Municipalidad de Cerro Navia mientras al mismo tiempo integraba el concejo municipal de Maipú. La misma dualidad de funciones ostentaron los entonces concejales de Maipú Christian Vittori y Carlos Richter.

CIPER solicitó a la Municipalidad de Cerro Navia los informes elaborados por Vittori y Richter producto del trabajo que supuestamente desarrollaron, pero los documentos no fueron proporcionados por orden del director jurídico comunal, Óscar Lantadilla, quien también se encuentra querellado por el CDE. CIPER sólo tuvo a la vista un contrato suscrito por Christian Vittori para trabajar en la Dirección de Desarrollo Comunal (Dideco) de Cerro Navia desde enero a agosto de 2011, por un millón de pesos mensual, en el que se le encargó la “sistematización y evaluación de los procesos de participación que se han establecido en el Plan de Desarrollo Comunal, a través de técnicas de autodiagnóstico, integrando la experiencia de presupuestos participativos”.

Precisamente, fue Lastra Fuentes quien se presentó en la Fiscalía y declaró que esos trabajos jamás se hicieron. Lastra sostuvo que fue presionado por la entonces directora de la Secretaría de Planificación Comunal, Marcela Morales (hoy administradora municipal de Cerro Navia), para que se contratara a Vittori y a Richter por orden de Marcelo Torres y del alcalde Luis Plaza. Por lo mismo, según declaró Lastra, se confeccionaban informes falsos de estos trabajos y él, como director de Dideco, los visaba para el pago.

Lo mismo habría ocurrido con los trabajos supuestamente efectuados por el concejal Carlos Richter para Cerro Navia. Carlos Richter respondió las consultas de CIPER y sostuvo que efectivamente trabajó para la Municipalidad de Cerro Navia. El ex concejal exhibió copia de los contratos que suscribió con el municipio en 2011, 2013 y 2014 (vea los documentos) en los que se le encomendó “elaborar planes de desarrollo territorial en conjunto con equipos multidisciplinarios y comunidad que permitan la construcción de un modelo de planificación territorial que contribuya a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comuna”. Según explicó, se contactaba con las organizaciones sociales de la comuna para verificar que cumplían con los requisitos para postular a beneficios estatales.

Richter trabaja ahora para la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia, la que es dirigida por su ex colega del concejo municipal de Maipú, Marcelo Torres Ferrari. CIPER contactó al testigo Alberto Lastra, quien ya no trabaja en la municipalidad de Cerro Navia, pero éste declinó hacer declaraciones. Sin embargo, su testimonio ante la Fiscalía fue citado en la querella del CDE.

El mismo escrito del CDE indica que Richter trabajó para Cerro Navia entre 2011 y 2014, percibiendo un monto total de $17,2 millones. En el caso de Vittori, se señala que se desempeñó para Cerro Navia entre 2010 y 2011, con un ingreso global de $14,7 millones. Para el CDE, estos pagos no son más que una “sustracción de caudales públicos”, debido a que, según la versión de Lastra, no se habrían realizado los trabajos.

Licitaciones Irregulares y Empresas Favorecidas

La investigación de CIPER acreditó que en Cerro Navia se han realizado al menos ocho licitaciones entre 2010 y 2014, que suman más de $4.364 millones, las que favorecieron a diversas empresas controladas por Lorenzo Pérez Villegas, sindicado por el CDE como “testaferro” del concejal Torres.

Lorenzo Pérez Villegas es un ingeniero eléctrico que ha constituido varias sociedades. Una de ellas es Multiservicios Ingeniería y Construcción (MIC), la que fue creada el 28 de enero de 2010. Con apenas tres meses de existencia se adjudicó por trato directo las obras de recuperación de 19 establecimientos educacionales municipales de Cerro Navia afectados por el terremoto de febrero de ese año. El decreto lo firmó el 26 de abril de 2010 el entonces administrador municipal de la comuna, Marcelo Torres, quien pudo hacer la adjudicación por trato directo, sin licitación, amparado en la normativa extraordinaria dictada por la situación de emergencia que vivía el país (vea el documento). Esa sería la primera de una lista de ocho licitaciones de Cerro Navia adjudicadas a empresas de Lorenzo Pérez en los más variados rubros, desde construcción hasta arriendo de vehículos, pasando por mantención de multicanchas y creación de áreas verdes.

El 10 de mayo de 2010, apenas dos semanas después de haber sido contratada para la recuperación de los colegios municipales, la misma empresa MIC de Lorenzo Pérez se adjudicó la licitación del Servicio de Arriendo de Vehículos Municipales. El pago ascendió a 579 UF mensuales por 48 meses, lo que equivale a unos $630 millones. El contrato obligaba a MIC a poner a disposición del municipio un total de 20 autos, dos camionetas y una van. Los autos proporcionados por MIC fueron modelo Chevrolet Spark, uno de los más pequeños del mercado.

La reciente querella del CDE indica que el servicio de los vehículos no fue prestado en la forma convenida y que sólo se contaba con un número reducido de ellos. Los autos fueron vendidos por MIC en agosto de 2012, a la mitad del plazo convenido en el contrato. Los compró Marianela Martínez Arriagada, quien pagó $63 millones en efectivo por todas las unidades. CIPER constató que Marianela Martínez es la madre de la esposa de Lorenzo Pérez y le pidió una entrevista, pero ella rehusó concederla.

La empresa MIC también se adjudicó en enero de 2011 la licitación de la construcción del Centro Cultural de Cerro Navia, por un monto de $1.089 millones. Al concurso se presentaron cinco empresas y cuatro de ellas fueron declaradas “fuera de bases”, por lo que sólo MIC siguió en carrera.

Otro contrato importante adjudicado en Cerro Navia a Lorenzo Pérez -a través de una licitación- fue la del “servicio de mantención con mejoramiento de infraestructuras deportivas y recreacionales”. El contrato favoreció a la empresa Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile (IDR), controlada por Lorenzo Pérez Villegas, con un pago de 960 UF mensuales por 50 meses, equivalentes a $1.085 millones. Lo curioso es que esta es prácticamente la misma licitación que se adjudicó Inversiones Don Óscar en Maipú sólo tres meses antes, por un total de $1.093 millones.

Otra coincidencia se produjo en la licitación convocada por Cerro Navia para proveer el “servicio de habilitación con mantenimiento de circuitos deportivos y recreativos”, a la que se presentaron sólo dos empresas, ambas de personas cercanas al concejal Marcelo Torres. Este proceso también se lo adjudicó la empresa IDR de Lorenzo Pérez, la que obtuvo $689,7 millones. La única empresa que compitió con IDR, y cuya oferta fue rechazada, fue la Sociedad de Servicios y Constructora de Proyectos (GEB Chile), propiedad de Gerardo Escalona Barros, quien es amigo de Marcelo Torres y socio, hasta febrero de este año, de Lorenzo Pérez.

El Rol de Gerardo Escalona

Gerardo Escalona, a través de su empresa GEB Chile, se adjudicó la propuesta privada convocada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia para la “habilitación e implementación de infraestructura deportiva y recreacional en escuelas públicas”, por $319 millones. El contrato se firmó el 2 de noviembre de 2011 (vea el documento). Sólo cinco días más tarde, el 7 de noviembre, Escalona visitó a Torres en su casa.

En su testimonio, Paula Díaz dijo que Escalona era amigo de la familia porque era apoderado en el mismo curso de los hijos de su cuñado, Gonzalo Torres Ferrari (RN), concejal por Colina y actual jefe de gabinete del alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza. También sostuvo que su marido había puesto dinero en la empresa de Escalona. En sintonía con esta declaración, el CDE acusa que Escalona es “testaferro” de Marcelo Torres.

Ocultamiento de Dinero y Bienes

La investigación de la Fiscalía, citada en el escrito del CDE, indica que Torres habría usado terceras personas para ocultar el dinero defraudado. En los registro del Conservador de Bienes de Santiago, CIPER encontró las inscripciones de dos departamentos a nombre de Marcela Morales, los que fueron adquiridos en 2013. Ambos se ubican en el edificio de avenida Independencia 801. Uno lo adquirió en mayo y está ubicado en el noveno piso. El segundo lo compró en octubre y está en el décimo. Pagó 1.599 UF, equivalentes a $36 millones, por cada uno de los inmuebles.

Respecto de Lorenzo Pérez, el CDE también lo involucra en supuestas maniobras de Torres para ocultar dinero de origen ilícito: mediante dos de sus empresas -Inversiones e Inmobiliaria Puertas Verdes y MIC- realizó “inversiones consistentes en abonos de activos por un valor superior a $500 millones” a través de dos corredoras de bolsa. Además, se investiga la adquisición y posterior venta de varios vehículos que son usados por Vittori y su esposa pero que están a nombre del técnico mecánico Francisco Chandía Fuentealba.

Sociedad de Inversiones Don Óscar

Acevedo administra el Complejo Deportivo Don Óscar. La Sociedad de Inversiones Don Óscar ha sido beneficiada con 12 licitaciones en Maipú (ocho de la municipalidad y cuatro de la Corporación Municipal de Educación), todas relacionadas con producción de eventos, banquetería y reparación de infraestructura. En total ha recibido $1.333 millones de las arcas de Maipú. El más grande de estos contratos es el que le adjudicó la mantención y mejoramiento de infraestructuras deportivas y recreacionales, por 988,6 UF mensuales durante 49 meses, equivalentes a un total de $1.093 millones. El decreto que le entregó esta licitación es del 17 de abril de 2012 (vea el documento).

Tabla resumen de licitaciones

tags: #Auto #Motor