Hoy poco queda del joven y combativo socialista de la Población La Bandera que forjó su liderazgo en los años 80 en la lucha contra la dictadura. Miguel Ángel Aguilera supo tempranamente que esos pergaminos no serían suficientes para abrirse paso en la transición. En los 25 años siguientes Aguilera hizo lo necesario para convertirse en una pieza clave del poder político oficialista.
Soterradamente construyó una red que lo llevó primero a la alcaldía de San Ramón en 2012 (con el 50,3% de los votos) y que en apenas cinco años lo encumbró hasta la vicepresidencia de su partido. En 2016 fue reelecto alcalde de su comuna con un sorprendente 70,3%. La vida le sonreía hasta que este 1 de octubre un reportaje de Informe Especial (TVN) hizo trizas el bajo perfil que había cultivado y sacó a la luz su relación con el narcotraficante Jorge “Chino” Pinto y contratos irregulares en el municipio.
Los Primeros Pasos en la Política
En 1992 y con solo 29 años fue derrotado en la primera elección municipal que enfrentó en San Ramón.
La aceitada maquinaria para movilizar votantes fue el trampolín que impulsó a Aguilera a las ligas mayores. El acarreo de votantes, el amedrentamiento de los rivales y el generoso empleo de recursos públicos en favor de sus adherentes, son tres factores clave que han abonado la carrera de Aguilera.
Vínculos Peligrosos: Jorge "Chino" Pinto
Fue en este campo de agresivas disputas electorales donde se tejieron sus vínculos con el narcotraficante Jorge Pinto Carvajal.
La familia de Pinto Carvajal tiene una antigua historia en la Población La Bandera, la misma donde creció el alcalde Aguilera. En esa población, los Pinto tienen dos botillerías, un minimarket y un bar. Una de las botillerías, la que está ubicada en Goycolea con Pedro Lagos, figura a nombre de Miguel Ángel Sánchez Yáñez. El joven de 21 años es yerno del “Chino” Pinto y fue detenido en septiembre cuando conducía una camioneta en la que se transportaba a Concepción 20 kilos de pasta base de cocaína.
CIPER comprobó que la relación entre el alcalde y el “Chino” se remonta, al menos, hasta 2012. El 1 de abril de ese año, para las primarias municipales de la Concertación, Aguilera obtuvo el pase para convertirse en jefe comunal, abriendo la senda que lo encumbró en la directiva del PS. La primaria terminó en escándalo.
El “Chino” fue identificado como el líder de ese grupo de choque en varios documentos internos de la DC, lo que prueba que sus vínculos con Aguilera no se remiten solo al contrato a honorarios de este año. CIPER tuvo acceso a un correo electrónico enviado el 4 de abril de 2012 por un dirigente local DC al entonces secretario nacional de ese partido, Víctor Maldonado, actual subsecretario general de la Presidencia.
En el correo se adjuntaron las fotografías de dos de los agredidos, uno de ellos con un hematoma en un brazo producto de un “cachazo” de pistola. La segunda víctima, con un golpe en la boca, era Francisco Andrés Olguín, quien posteriormente se pasó al bando de Aguilera e integró el círculo de hierro que el alcalde instaló en la municipalidad. El recuento de votos estuvo plagado de escaramuzas.
Tras una temporada en la cárcel, el “Chino” obtuvo la libertad condicional en febrero pasado y al mes siguiente la municipalidad lo contrató a honorarios en un proyecto de mantención de áreas verdes (vea el decreto municipal). Inicialmente, el contrato era por tres meses, hasta junio pasado, pero en julio fue revalidado hasta diciembre (vea ese nuevo decreto). En los dos decretos de contratación el honorario estipulado para Pinto -$555 mil mensuales- excede largamente lo que se paga al resto de sus “colegas” en ese proyecto.
El Caso del Parque Automotriz Vespucio San Ramón
A solo algunos metros del municipio liderado por Aguilera se ubica el Parque Automotriz Vespucio San Ramón. El terreno de casi 15.000 metros cuadrados es un bien nacional de uso público y su administrador, la municipalidad. La dueña de la automotora es una antigua dirigente del PS en la zona norte metropolitana.
Un letrero amarillo con letras negras y blancas da la bienvenida al negocio de compra y venta de autos usados, en avenida Ossa 1590. Colindante con el Parque La Bandera y la caletera de la autopista Vespucio Sur, en el amplio paño donde funciona la firma mantiene un stock de 1.300 vehículos. A diario llega allí un promedio de cien personas que recorre las callejuelas del recinto para escoger uno de los autos estacionados sin ningún orden aparente.
Sus precios fluctúan entre $1 millón y $20 millones y todos lucen relucientes pese a que el suelo es de maicillo y tierra. Son los mismos vendedores los que se encargan de limpiarlos. Cuando la persona escoge su vehículo, no tiene que desplazarse. En la misma Automotora Vespucio San Ramón encontrará una sucursal de Falabella y otra de Tanner las que ofrecen créditos automotrices de aprobación exprés con solo un pie de hasta el 20% del valor del vehículo.
A pocos pasos, está la notaría Víctor Inostroza Figueroa, donde se puede realizar de inmediato la transferencia de los vehículos. Al interior del amplio recinto repleto de autos, no solo hay dos oficinas de crédito y una notaría. En la web del municipio no hay registro de la primera vez que dicho terreno se concesionó.
La indagación de CIPER indica que fue antes de que terminara en 2012 la administración del alcalde Pedro Isla (DC), que se licitó por primera vez el uso de ese terreno, parte del Parque La Bandera. Hubo dos ofertas y la ganadora fue la que presentó la sociedad de Marcela Rosales. No fue fácil la decisión.
Hay distintas versiones sobre los detalles de las tres sesiones que demoró el acuerdo respectivo del concejo municipal. Todas envueltas hoy por un velo de temor. Detalles de la última licitación de enero pasado, hay muy pocos. Lo único extraño es que habiéndose ya convertido en un espacio de gran rentabilidad comercial, por lo que se subió el canon del arriendo, finalmente se presentó una sola oferta. De los otros interesados no quedó rastro.
Aparte del callejón que une la caletera de Américo Vespucio Sur con Avenida Ossa, en el terreno no hay ningún espacio público. Lo único que se podría asimilar a ello es una pequeña área de unos 100 metros donde se emplaza un resbalín de plástico y dos columpios de madera. Al frente, un baño de hombres y otro de mujeres.
Y si bien no hay ni áreas verdes ni espacios públicos para el disfrute de los habitantes de San Ramón, lo que sí encontró CIPER es al menos otras siete empresas -además de la que es dueña Marcela Rosales- vinculadas al terreno, ya sea porque sus dueños o la sociedad fijaron domicilio en el mismo lugar.
CIPER se comunicó con Marcela Rosales, quien explicó que el terreno fue concesionado a través de una licitación en 2003, en la que habrían participado varias empresas: «Siempre hemos competido con más organizaciones», aseguró. Una afirmación que no se corrobora en el registro de Mercado Público ya que en la última licitación fueron los únicos oferentes.
La renovación de la concesión fue aprobada de manera unánime por el Concejo Municipal en enero de 2017 (revise aquí la oferta de esta sociedad en la última licitación). David Cabedo, concejal RN, presente en la votación, explicó a CIPER que la principal razón para aprobarla fue que la empresa automotora pagaría un precio mayor por la concesión: 200 UTM mensuales ($9,3 millones según la cifra de octubre 2017).
Red de Influencia Política
CIPER investigó el grupo cercano de Aguilera en la municipalidad y en el PS. Allí lo describen como un caudillo autoritario, sin densidad intelectual, pero gracias a su astucia y excelente oratoria, un animal político. Quienes lo conocen hace años cuentan que su más preciado sueño fue ser alcalde de San Ramón.
Su eficiente máquina para movilizar electores le había permitido en la última interna socialista, instalar un grupo de sus partidarios en el Comité Central. Allí figuran su esposa, Giovanna Barrera Pino; la controladora de la sociedad que administra la automotora que funciona en un terreno de la municipalidad, Marcela Rosales Belmar, y su hija, Marcela Aliste Rosales; y la concejal de San Ramón Roxana Riquelme.
Hasta 2016 eran miembros del Comité Central del PS el también concejal de San Ramón José Miguel Zapata, el esposo de Marcela Rosales, Luis Aliste Carvajal y Eduardo Bermúdez Romero.
Aguilera ha extendido sus dominios hacia las comunas aledañas. La esposa y la hija del alcalde de Lo Espejo, Miguel Ángel Bruna (PPD), han sido contratadas en San Ramón. En los registros de Transparencia de la municipalidad figura la esposa de Bruna, Mónica Faundes Pino, empleada a honorarios como técnico superior de enfermería hasta mayo de este año por $602 mil mensuales.
Los documentos de Transparencia registran que el concejal de La Cisterna Patricio Ossandón (PS) también ha trabajado a honorarios en el municipio de Aguilera: primero en el programa Más Capaz de Sence, por $999 mil mensuales, hasta junio pasado. Luego figura como asesor en proyectos de seguridad ciudadana y participación, por $888 mil, con contrato hasta diciembre.
Dos concejales de La Pintana han sido contratados a honorarios en San Ramón: Rubén Urrutia (PRSD) y Juan Bustamante (PC). Urrutia como abogado en el área de Salud entre abril y junio de 2017, con $1,2 millón mensual. En La Pintana, Aguilera también trató de posicionar como futuro candidato a alcalde a su jefe de gabinete, Francisco Andrés Olguín.
Otros Nombres en la Trama
El Parque Automotriz Vespucio San Ramón se ha convertido en el eje donde se cruzan distintos personajes de la trama donde se teje el poder del alcalde Aguilera.
Una de las sociedades que registra domicilio en la automotora es “Bastías y Zamorano y Compañía Limitada”, cuyo socio Juan Carlos Bastías Olea registra condenas por narcotráfico. En 2010, Bastías fue condenado a 10 años por pertenecer a una red que digitaba traslados de cocaína de Arica a Santiago, utilizando para ello a mujeres adolescentes.
La familia de Marcela Rosales tiene historia en el negocio automotor. Su padre y varios de sus tíos participan en Automotriz Comercial Bulnes y en Automotriz Los Reyes Vespucio. Marcela Rosales ha sido durante años una aliada política de Miguel Ángel Aguilera.
Inversión Pública y Licitaciones
Al interior de la Municipalidad de San Ramón hay al menos un consenso entre sus críticos y seguidores: Aguilera ha sido el alcalde que ha logrado la mayor inversión pública en la comuna. Y si bien hoy pocos ponen las manos al fuego por la transparencia de las licitaciones que se han llevado a cabo en esa municipalidad, nadie discute el valor de las calles pavimentadas y el aumento de áreas verdes.
San Ramón es una de las comunas que concentra más inversión del Gobierno Regional Metropolitano (GORE). Coordenadas-Asesorías en Investigación Social (AEIS) es una consultora que se ha adjudicado seis licitaciones en la Municipalidad de San Ramón por un total de $283,5 millones, entre 2014 y 2015.
Profesionales que trabajaron para esa empresa, relataron a CIPER las irregularidades que presentan las licitaciones que ésta se ganó en San Ramón. Una de ellas es la elaboración de un diagnóstico de seguridad comunal, el que se adjudicó en agosto de 2015, y cuyas bases fueron conocidas por la consultora de Zapata con antelación, ya que habría trabajado en ese proyecto desde 2014 con la Secretaría de Planificación del municipio.
CIPER detectó que ese contrato es uno de los 12 que las sociedades en las que participa Parra han firmado con el municipio de San Ramón. Tres sociedades de Parra son las beneficiadas: Inversiones Grupo Blangil, M.R. Inmobiliaria y Construcción y Stacionar y Seguridad. Las tres solo han ganado licitaciones públicas en San Ramón y fueron constituidas entre 2013 y 2015.
Investigación en Curso
Una alerta de movimientos sospechosos de dinero que involucraba al alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, lo puso en el radar de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Lo que parecía una alerta de rutina respecto de las transacciones de un PEP (Persona Expuesta Políticamente), la emisión de Informe Especial (TVN) transformó esa alerta en una bomba.
Eran los años en que aún no construía la red que hoy lo tiene en la mira de la Fiscalía -la que inició una investigación y allanó la municipalidad de San Ramón, tras el reportaje de Informe Especial- y de la Unidad Análisis Financiero (UAF).
Probablemente uno de los antecedentes que ahora están bajo el microscopio de la UAF es la operación que Aguilera ejecutó el 10 de mayo de 2016. Ese día el alcalde, junto a su esposa, Giovanna Barrera Pino, compraron en sociedad conyugal una casona en el Condominio Álvaro Casanova de La Reina.
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