La historia de los automóviles en Chile se cruza con figuras políticas y eventos que han marcado el desarrollo de la industria y la sociedad. A continuación, se exploran algunos de estos cruces, destacando cómo ciertos personajes han influido en el sector automotriz y viceversa.
El Ascenso y Caída de Miguel Ángel Aguilera
Hoy poco queda del joven y combativo socialista de la Población La Bandera que forjó su liderazgo en los años 80 en la lucha contra la dictadura. Miguel Ángel Aguilera supo tempranamente que esos pergaminos no serían suficientes para abrirse paso en la transición. En 1992 y con solo 29 años fue derrotado en la primera elección municipal que enfrentó en San Ramón. En los 25 años siguientes Aguilera hizo lo necesario para convertirse en una pieza clave del poder político oficialista.
Soterradamente construyó una red que lo llevó primero a la alcaldía de San Ramón en 2012 (con el 50,3% de los votos) y que en apenas cinco años lo encumbró hasta la vicepresidencia de su partido. En 2016 fue reelecto alcalde de su comuna con un sorprendente 70,3%. La vida le sonreía hasta que este 1 de octubre un reportaje de Informe Especial (TVN) hizo trizas el bajo perfil que había cultivado y sacó a la luz su relación con el narcotraficante Jorge “Chino” Pinto y contratos irregulares en el municipio. CIPER investigó la extensa red de influencias políticas y de negocios sobre la cual Aguilera edificó su poder.
Soto y Aguilera impulsaron el proyecto que le cedió un terreno municipal de 15 mil metros2 -frente a la Autopista Vespucio Sur- a una automotora controlada por Marcela Rosales, integrante del Comité Central del PS (ver reportaje anterior de CIPER). En el Parque Automotriz Vespucio San Ramón, uno de los mayores puntos de venta de autos usados en Santiago, más de 80 vendedores subarriendan a la empresa de Rosales espacio para ofrecer sus vehículos.
Fue Erni Soto quien en 2012 habría incorporado a Jorge “Chino” Pinto a los grupos de choque que trabajaron para el alcalde Aguilera en las primarias de ese año. El negocio de los autos también ocupó durante algún tiempo a Francisco Andrés Olguín, quien fuera hasta hace dos semanas el jefe de gabinete del alcalde Aguilera. Olguín, quien ha dicho que compraba y vendía autos usados, fue sorprendido en tres ocasiones en 2013 (entre febrero y julio de ese año) a bordo de vehículos robados. En dos de ellas fue condenado y en la tercera obtuvo una suspensión condicional de la pena.
Otro de los miembros del círculo de hierro de Aguilera es José Miguel Zapata (PS), actual concejal de San Ramón y funcionario del Gobierno Regional Metropolitano. La investigación de CIPER descubrió que Zapata creó en 2007 la sociedad AIES, la que se adjudicó al menos seis licitaciones en San Ramón entre 2014 y 2015, las que suman un total de $283,5 millones.
La aceitada maquinaria para movilizar votantes fue el trampolín que impulsó a Aguilera a las ligas mayores. El acarreo de votantes, el amedrentamiento de los rivales y el generoso empleo de recursos públicos en favor de sus adherentes, son tres factores clave que han abonado la carrera de Aguilera. Fue en este campo de agresivas disputas electorales donde se tejieron sus vínculos con el narcotraficante Jorge Pinto Carvajal.
La Conexión con el Narcotráfico
La familia de Pinto Carvajal tiene una antigua historia en la Población La Bandera, la misma donde creció el alcalde Aguilera. En esa población, los Pinto tienen dos botillerías, un minimarket y un bar. Una de las botillerías, la que está ubicada en Goycolea con Pedro Lagos, figura a nombre de Miguel Ángel Sánchez Yáñez. El joven de 21 años es yerno del “Chino” Pinto y fue detenido en septiembre cuando conducía una camioneta en la que se transportaba a Concepción 20 kilos de pasta base de cocaína.
CIPER comprobó que la relación entre el alcalde y el “Chino” se remonta, al menos, hasta 2012. El 1 de abril de ese año, para las primarias municipales de la Concertación, Aguilera obtuvo el pase para convertirse en jefe comunal, abriendo la senda que lo encumbró en la directiva del PS. La primaria terminó en escándalo. El “Chino” fue identificado como el líder de ese grupo de choque en varios documentos internos de la DC, lo que prueba que sus vínculos con Aguilera no se remiten solo al contrato a honorarios de este año.
CIPER tuvo acceso a un correo electrónico enviado el 4 de abril de 2012 por un dirigente local DC al entonces secretario nacional de ese partido, Víctor Maldonado, actual subsecretario general de la Presidencia. En el correo se adjuntaron las fotografías de dos de los agredidos, uno de ellos con un hematoma en un brazo producto de un “cachazo” de pistola. La segunda víctima, con un golpe en la boca, era Francisco Andrés Olguín, quien posteriormente se pasó al bando de Aguilera e integró el círculo de hierro que el alcalde instaló en la municipalidad.
El recuento de votos estuvo plagado de escaramuzas. En ese clima, el resultado tuvo tintes dramáticos: triunfó Aguilera por apenas 17 votos. Tras una temporada en la cárcel, el “Chino” obtuvo la libertad condicional en febrero pasado y al mes siguiente la municipalidad lo contrató a honorarios en un proyecto de mantención de áreas verdes (vea el decreto municipal). Inicialmente, el contrato era por tres meses, hasta junio pasado, pero en julio fue revalidado hasta diciembre (vea ese nuevo decreto). En los dos decretos de contratación el honorario estipulado para Pinto -$555 mil mensuales- excede largamente lo que se paga al resto de sus “colegas” en ese proyecto.
Irregularidades y Redes de Influencia
El 18 de marzo de 2013 el abogado de la CUT, Rubén Jerez, ingresó un recurso de amparo preventivo para el “cese de las amenazas de detención”, acusando al alcalde Aguilera y al entonces concejal Julio Soto Martínez. El documento, al que tuvo acceso CIPER, indica que entre el 1 y el 8 de ese mes los dirigentes sindicales Ana Barrera, Berta Ponce, Nolberto Díaz, Marco Canales, Leonardo Gutiérrez, Antonio Gálvez y Esteban Maturana, concurrieron al Centro de Salud Familiar (Cesfam) La Bandera a recibir los reclamos de trabajadores por despidos injustificados y abusos laborales.
El tribunal finalmente desestimó el recurso, basándose en dos documentos exculpatorios: uno del propio Aguilera y otro de una dirigente sindical de la misma municipalidad. El segundo documento es de Ana Barrera, presidenta de la Asociación de Funcionarios de Salud de la Municipalidad de San Ramón. En ese texto, la dirigenta explicó que no fue amenazada por el alcalde, ya que él no estaba cuando sucedieron los hechos.
Este fallo es el primer golpe que recibe en el PS la extensa red política que Aguilera tejió desde que asumió la alcaldía. Su eficiente máquina para movilizar electores le había permitido en la última interna socialista, instalar un grupo de sus partidarios en el Comité Central. Allí figuran su esposa, Giovanna Barrera Pino; la controladora de la sociedad que administra la automotora que funciona en un terreno de la municipalidad, Marcela Rosales Belmar, y su hija, Marcela Aliste Rosales; y la concejal de San Ramón Roxana Riquelme.
Hasta 2016 eran miembros del Comité Central del PS el también concejal de San Ramón José Miguel Zapata, el esposo de Marcela Rosales, Luis Aliste Carvajal y Eduardo Bermúdez Romero. Este último ahora es secretario nacional de Organización del PS, encabezó el proceso de refichaje de militantes del partido y actualmente se desempeña en el área de exonerados del Instituto de Previsión Social (IPS).
Expansión de Dominios y Contrataciones Irregulares
Aguilera ha extendido sus dominios hacia las comunas aledañas. La esposa y la hija del alcalde de Lo Espejo, Miguel Ángel Bruna (PPD), han sido contratadas en San Ramón. En los registros de Transparencia de la municipalidad figura la esposa de Bruna, Mónica Faundes Pino, empleada a honorarios como técnico superior de enfermería hasta mayo de este año por $602 mil mensuales.
Los documentos de Transparencia registran que el concejal de La Cisterna Patricio Ossandón (PS) también ha trabajado a honorarios en el municipio de Aguilera: primero en el programa Más Capaz de Sence, por $999 mil mensuales, hasta junio pasado. Luego figura como asesor en proyectos de seguridad ciudadana y participación, por $888 mil, con contrato hasta diciembre. Dos concejales de La Pintana han sido contratados a honorarios en San Ramón: Rubén Urrutia (PRSD) y Juan Bustamante (PC). Urrutia como abogado en el área de Salud entre abril y junio de 2017, con $1,2 millón mensual. En La Pintana, Aguilera también trató de posicionar como futuro candidato a alcalde a su jefe de gabinete, Francisco Andrés Olguín.
El Parque Automotriz Vespucio San Ramón
El Parque Automotriz Vespucio San Ramón se ha convertido en el eje donde se cruzan distintos personajes de la trama donde se teje el poder del alcalde Aguilera. Una de las sociedades que registra domicilio en la automotora es “Bastías y Zamorano y Compañía Limitada”, cuyo socio Juan Carlos Bastías Olea registra condenas por narcotráfico. En 2010, Bastías fue condenado a 10 años por pertenecer a una red que digitaba traslados de cocaína de Arica a Santiago, utilizando para ello a mujeres adolescentes.
La familia de Marcela Rosales tiene historia en el negocio automotor. Su padre y varios de sus tíos participan en Automotriz Comercial Bulnes y en Automotriz Los Reyes Vespucio. Marcela Rosales ha sido durante años una aliada política de Miguel Ángel Aguilera.
San Ramón es una de las comunas que concentra más inversión del Gobierno Regional Metropolitano (GORE). Coordenadas-Asesorías en Investigación Social (AEIS) es una consultora que se ha adjudicado seis licitaciones en la Municipalidad de San Ramón por un total de $283,5 millones, entre 2014 y 2015. Profesionales que trabajaron para esa empresa, relataron a CIPER las irregularidades que presentan las licitaciones que ésta se ganó en San Ramón.
Una de ellas es la elaboración de un diagnóstico de seguridad comunal, el que se adjudicó en agosto de 2015, y cuyas bases fueron conocidas por la consultora de Zapata con antelación, ya que habría trabajado en ese proyecto desde 2014 con la Secretaría de Planificación del municipio.
CIPER detectó que ese contrato es uno de los 12 que las sociedades en las que participa Parra han firmado con el municipio de San Ramón. Tres sociedades de Parra son las beneficiadas: Inversiones Grupo Blangil, M.R. Inmobiliaria y Construcción y Stacionar y Seguridad. Las tres solo han ganado licitaciones públicas en San Ramón y fueron constituidas entre 2013 y 2015.
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