En su oficina de la empresa Traverso tiene un cuadro de un Ferrari rojo tras su escritorio, su mecánico es Carlos Argomedo -quien atiende a los empresarios top fanáticos de las tuercas- y en sus ratos libres compite en la liga del Club de Automóviles Sport Vitacura, con un Porsche 911 blanco de 1983, caracterizado como un Martini Racing de los 70.
Sobre el atractivo de los Porsche para los empresarios, entre otros Pablo Briones (del holding Ivesa), Marcos Hites (director de la empresa de este nombre) y Ernesto Mosso (propietario de la joyería), afirmó: "Es la historia del auto. Es un auto exitoso, que no da muchos problemas.
El Caso del Porsche Robado
Se trata de Fabio Traverso Marsili, cuya familia es propietaria de la marca de jugos de limón y vinagre del mismo nombre.
El es el propietario del Porsche Turbo-A que fue sustraído la semana pasada desde la automotora Larruy de Las Condes, donde el vehículo -avaluado en $ 45 millones- se encontraba en consignación.
El auto azul metálico de 2003 hasta ayer no había sido hallado.
Pero León Derezunsky, uno de los propietarios de la automotora, asevera que, "de hecho, el auto circuló el fin de semana por las autopistas".
Sobre el móvil del robo, el ejecutivo dice que una posibilidad es que haya sido por diversión, pero otra es el encargo: "Hay solicitudes en el extranjero de este tipo de automóviles.
Quienes tienen capacidad para adquirirlos están en Paraguay y en Brasil".
Añade que hay seguros comprometidos y que, a raíz de lo sucedido, reforzarán la vigilancia, entre otras medidas, con "cámaras de seguridad".
Investigación y Sospechas
Ayer continuaban las labores de búsqueda encargadas por el fiscal Samuel Constenla y el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros (Sebv).
Fabio Traverso estuvo brevemente en "Argomedo Performance", donde no quiso referirse al robo.
Sí lo hizo Carlos Argomedo, quien dijo creer que "encargaron ese auto y se lo robaron".
Desde el mismo taller en Recoleta, hasta donde acuden con frecuencia los empresarios Pablo Yrarrázaval, Andrés Ergas y donde ayer "atendían" el Bentley que Leonardo Farkas importó para su mujer, Tina Friedman, Argomedo contó que Traverso tiene tres vehículos de marca Porsche: el 911 de 1983 con el que compite, otro del mismo año turbo y el que robaron.
En el sitio web del Club de Automóviles de Vitacura se regista su participación este año en la categoría clásicos 2.000 y 3.200 centímetros cúbicos, y en "Sporte fuerza libre".
Participación en Proyectos de Construcción: El Caso Cosal y el Hospital del Salvador
La Constructora Cosal, de Samuel Levy Benveniste, se ha especializado en obras de infraestructura de transporte y edificios, especialmente para el Poder Judicial.
En 1975 fundó la constructora Cosal y bajo ese alero ha realizado más de mil edificaciones por US$1.500 millones, según informa la propia empresa en su web.
Para desarrollar sus proyectos, Levy cuenta con un entramado de sociedades -junto a sus hijos Henry y Ariel-, cuyas matrices son Cosalco, Cosal (que tiene $5.055 millones de capital y con la que participa en la concesión del Hospital del Salvador) y Condeltech.
Para entrar en el negocio del hospital, utilizó su sociedad Cosal, la que se unió a los inversionistas internacionales GIA+A y Assignia.
Las tres constituyeron el Consorcio de Salud Santiago Oriente, con $20 mil millones de capital.
Este no es el único emprendimiento de Levy con extranjeros.
A través de la Administradora de Concesiones IDC S.A. es socio en A-port Operaciones S.A.
La más reciente de sus sociedades es la que construirá y operará el Hospital del Salvador con sus socios mexicanos y españoles.
Controversias en la Adjudicación del Hospital del Salvador
En apenas diez días y a sólo dos meses de que terminara el gobierno de Sebastián Piñera, se firmó en enero pasado la resolución que decidió el destino del nuevo Hospital del Salvador y de los US$679 millones que, según los últimos cálculos, pagará el Estado por los estudios previos, la edificación y equipamiento bajo la modalidad de concesión a privados.
La millonaria inversión para levantar los 165.948 metros cuadrados que involucra el proyecto, resulta US$ 185 millones más caro que si el Estado lo hiciera con fondos fiscales.
Al rechazo que provocó esta licitación entre los funcionarios del hospital que paralizaron 28 días, se suma un nuevo frente de problemas.
Ni los sindicatos ni los ministerios repararon en que las dos empresas extranjeras -Assignia y GIA+A- enfrentan graves problemas en México por la pésima gestión que llevan a cabo en el Hospital de Ixtapaluca, uno de los más importantes construidos en los últimos años bajo la misma modalidad de concesión en ese país.
Las negociaciones han sido cordiales, aunque no exentas de dramatismo, como las lágrimas de algunas dirigentas en la reunión del miércoles 13 de agosto al argumentar contra la concesión, pues rechazan entregar el hospital a privados.
Cualquiera sea el epílogo del conflicto entre el ministerio y los funcionarios del Hospital del Salvador es posible que su resonancia ayude a proyectar luces sobre las zonas oscuras del proceso de concesión de éste y otros hospitales.
Las preguntas que aún no tienen respuesta son varias: ¿Por qué se mejoraron sustancialmente los subsidios y premios a los concesionarios comparado con las licitaciones de La Florida y Maipú? ¿Por qué se aumentó drásticamente la superficie de los proyectos respecto del plan original?
Para responder estas preguntas es necesario rebobinar la historia hasta enero de este año.
Ese fue el mes clave para la adjudicación del Hospital del Salvador al Consorcio de Salud Santiago Oriente y apenas en diez días se resolvieron todos los pasos que normalmente toman meses en la administración pública.
La apertura de las Ofertas Técnicas de las cuatro empresas que competían (Sacyr Concesiones, Consorio Abengoa Chile-Inabensa Teyma, Consorcio Hospitales Salud y Consorcio Salud Santiago Oriente) se realizó el lunes 20 de enero ante los ministros de Obras Públicas, Loreto Silva, y de Salud, Jaime Mañalich.
El martes 28 ya estaba concluida la evaluación de las ofertas.
El miércoles 29 se abrieron los sobres de las Ofertas Económicas y el viernes 31 de enero, sólo dos días después, se adjudicó el hospital a la más barata: Consorcio de Salud Santiago Oriente.
Como punto de comparación, en el caso de los hospitales de Maipú y La Florida, la apertura de las Ofertas Técnicas se hizo el 18 de mayo de 2009 y su evaluación tomó tres semanas, pues el resultado se conoció recién el 11 de junio de ese año.
Al día siguiente se abrieron los sobres de las Ofertas Económicas y su análisis demoró varias semanas.
Las actuales autoridades de Salud aseguran que nadie del gobierno anterior les ha dado una explicación técnica del porqué del apuro ni tampoco de la razones para mejorar sustancialmente, en favor del concesionario, las condiciones de pago respecto de lo que se aplicó para los hospitales de Maipú y La Florida.
De partida, la superficie en metros cuadrados del proyecto original del Hospital del Salvador creció de 126.264 metros cuadrados a 165.948 metros cuadrados (un incremento de 31,43%), lo que impacta en los costos y en los futuros ingresos del concesionario por el cobro de estacionamientos, pues se sumaron 541 espacios para recibir vehículos.
En el Ministerio de Salud, donde existía un Departamento de Concesiones que fue eliminado, dicen que tales mejoramientos pretendían estimular la presentación de empresas a la licitación.
Para el asesor Goyenechea, la modalidad de la concesión le saldrá al Estado 26% más caro que financiarlo con dinero público.
El Ministerio de Salud no entregó a CIPER cálculos que comparen el costo del Hospital del Salvador financiado por concesión o directamente por el Fisco.
Para los gremios, el asunto menos debatido es cómo el modelo de negocios concesionado repercutirá en la atención de los pacientes del Salvador.
En ambos lados de la mesa de negociación hay acuerdo en que los pagos al concesionario van a «estresar» el presupuesto de funcionamiento habitual del hospital.
Hoy, en ese ítem, se gastan $30 mil millones anuales y se calcula que -si no se aumenta el presupuesto- tendrán que salir de allí $20 mil millones para pagar al concesionario, con lo que quedarán unos $10 mil millones disponibles.
Este tipo de presiones sobre el presupuesto operativo, son las que, según indica el especialista mexicano Valentín Cardona Sosa, tienen al Hospital de Ixtapaluca sin suero ni material para curaciones.
Mientras se multiplican las críticas contra GIA+A y Assignia, las dos empresas que administran ese centro asistencial mexicano -y que participan en el consorcio que se hará cargo del Hospital del Salvador-, las esquirlas también han mellado la figura de la ministra de Salud, Mercedes Juan López.
Problemas Legales y Éticos de Cosal
Cosal también se ha visto involucrada en varios juicios con el Fisco, la mayoría de ellos originados por multas debido a supuestos atrasos.
Las revelaciones sobre la forma en que se adjudicó la edificación, en 2011, implicaron la caída del entonces ejecutivo máximo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Miguel Sánchez, y de Gonzalo Díaz, uno de sus principales subalternos.
Las indagatorias las lleva desde 2011 la fiscal jefe adjunta de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, quien dijo a CIPER que proyecta que hacia fines de año culminarán las pesquisas y se definirá si el caso prospera o no.
El caso estalló cuando CNN Chile reveló una grabación en la que el ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, expresaba su parecer contrario a que las posibles irregularidades en la construcción de los edificios en San Antonio, Limache, Iquique, Buin y Peñaflor, fueran investigadas por el Ministerio Público.
Para Juica, se trataba de un tema administrativo y no penal.
La fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado han trabajado cooperativamente, dice Chong.
Las investigaciones partieron por chequear si había algún familiar de los querellados trabajando en la constructora.
Los querellados, cuenta Chong, niegan que hubo coimas de por medio y explican que la razón para no licitar fue que había apuro del Poder Judicial para construir los edificios y que ya se había trabajado antes con la empresa de Levy.
Para ser admitido como oferente en la concesión del Hospital del Salvador, Cosal no podía tener litigios pendientes con el Fisco.
Este año, en el periodo en que la Contraloría General de la República tramitaba la “toma de razón” del contrato de concesión del hospital, se cerraron tres litigios que Cosal mantenía con el Fisco.
En el primero, la empresa se desistió de apelar ante la Corte de Apelaciones de Arica por una multa del Servicio de Salud local cursada por atraso en la edificación de un centro de atención.
En el segundo, la Contraloría rechazó un recurso de Cosal contra el Serviu por una multa de $83 millones debido a retrasos en la construcción de un corredor del Transantiago.
Revisión y Congelamiento de Concesiones
La nueva administración retiró de Contraloría el proceso de concesión del Hospital Sótero del Río y congeló la venta de las bases de licitación de los centros asistenciales de Quillota, Marga-Marga, Linares, Chillán y Curicó.
En el caso del proyectado Hospital de Puente Alto, ni siquiera se alcanzó a poner en marcha su proceso de concesión.
Pero no se pudo echar pie atrás en la concesión de los hospitales del Salvador ni Félix Bulnes, las que ya habían completado el trámite de “toma de razón” en la Contraloría.
La revisión ordenada por el gobierno, elevó las expectativas de los gremios de la salud que exigieron incorporar los hospitales del Salvador y Félix Bulnes en el paquete de concesiones congeladas.
La reacción más dura fue la de los funcionarios del Salvador que realizaron un paro de 28 días, dejaron de atender 10 mil consultas y suspendieron cerca de mil cirugías programadas durante julio para exigir que se anule el contrato de concesión por 15 años ya adjudicado al consorcio de Cosal, GIA+A y Assignia.
A las puertas de que esta semana terminen las negociaciones entre el gobierno y los funcionarios del Salvador, todo indica que el Ministerio de Salud no accederá a la demanda gremial, pues argumenta que no tiene presupuesto para invertir en el nuevo hospital.
Para acercar posiciones, los representantes de la secretaría de Estado han planteado en la mesa de diálogo una alternativa intermedia: modificar el contrato con el consorcio para incluir un inspector sanitario que fiscalice al concesionario.
A su vez, los trabajadores prepararon una contraoferta: no construir un nuevo hospital, sino restaurar el actual, agregando algunas edificaciones de menor tamaño, lo que ahorraría al fisco cerca de US$300 millones, incluso pagando la compensación al concesionario.
Conflicto de Intereses en Lo Barnechea
Las montañas de Lo Barnechea son escenario de una silenciosa guerra por un negocio de miles de millones de dólares.
La municipalidad ya puso en marcha su plan para instalar ahí el más moderno centro de esquí del país, junto al cual se levantará un exclusivo “pueblo de montaña” de nivel internacional con condominios enclavados en la nieve.
Pero el cambio al Plan Regulador Comunal que permitirá esa urbanización ha sido paralizado por grandes inversionistas cuyos terrenos quedaron fuera del millonario negocio.
En la alta cordillera metropolitana, allí donde termina la comuna de Lo Barnechea, el alcalde Felipe Guevara (RN) impulsa un proyecto que espera convertir en el legado más emblemático de su gestión: Manantiales, uno de los más modernos centros de esquí del país, junto al cual se levantaría un “pueblo de montaña” de nivel mundial.
Una “ciudad satélite exclusiva” que, a diferencia de los otros asentamientos turísticos del sector, sería una zona residencial permanente enclavada en la nieve, al noroeste de La Parva.
El municipio ya dio pasos cruciales para concretar su ambicioso proyecto.
En julio de 2018 publicó la Modificación Nº9 al Plan Regulador Comunal (PRC), que cambia el uso de suelo en la zona, permitiendo construir edificios, casas y condominios donde antes solo se autorizaba equipamiento para deportes de nieve, como andariveles y canchas.
La posibilidad de participar o quedar fuera de este multimillonario negocio abrió los fuegos entre quienes hasta ahora figuran como los principales controladores de sociedades vinculadas a los centros de esquí de la zona.
El duro round ya se instaló en la Corte de Apelaciones de Santiago y en la Contraloría General de la República.
Argumentando eventuales irregularidades ambientales y administrativas, se intenta paralizar el proceso de cambio de uso de suelo.
CIPER habló con los principales afectados y revisó la Modificación Nº9, los planos y escrituras de la zona, y los documentos que están siendo analizados en tribunales y la Contraloría.
El recurso de protección interpuesto en la Corte de Apelaciones, que hoy tiene frenado el cambio del PRC de Lo Barnechea, esgrime como principal argumento que las modificaciones son contradictorias con una norma de mayor jerarquía: el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).
Francisca Celis, asesora urbana del municipio, dijo a CIPER que confiaba en obtener una resolución positiva, pues sostuvo que la modificación del PRC se hizo consultando a los vecinos y ya se han subsanado todas las observaciones.
Originalmente, la zona en disputa solo estaba regida por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).
Esa norma definía una acotada área para desarrollo urbano, prácticamente sin limitaciones de edificación.
La modificación que inicialmente propuso la municipalidad bajó drásticamente la constructibilidad en esos terrenos.
Los propietarios de terrenos que se sintieron perjudicados desplegaron un fuerte lobby, que incluyó a organizaciones vecinales y deportivas, para que el municipio acogiera sus observaciones.
Esta última propuesta es la que quedó plasmada en la Modificación N°9 al PRC, que se publicó en julio de 2018.
Allí quedó claro quienes ganaron y quienes perdieron.
Entre los beneficiados están los controladores de los centros de esquí La Parva (León Vial, Eliodoro Matte y Pedro Donoso) y Valle Nevado (familias Senerman y Ergas).
Entre los perdedores está Miguel Sandor, socio de la Empresa de Agua Potable El Colorado.
Junto a Sandor, se alinearon entre los perjudicados el abogado Arturo Majlis y el arquitecto Alfredo Fernández.
En un punto intermedio se ubican los dueños del centro de esquí El Colorado (propiedad de Andacor, empresa controlada por la familia Leatherbee).
Antes de la reforma al plan regulador, los dueños de El Colorado solo podían construir en sus terrenos canchas de esquí y andariveles.
Con la nueva norma ahora podrían construir inmuebles de hasta seis pisos, por lo que la modificación del PRC igual los favorece, pero no obtendrán el beneficio que esperaban.
De las aproximadamente 300 hectáreas que el nuevo PRC incorpora a las zonas en que se puede edificar (antes eran cerca de cien), casi la mitad pertenece a Andacor.
La Visión de los Involucrados
-Queríamos hacer un sistema en que coexistieran armónicamente las canchas de esquí, los visitantes y los residentes.
La familia Leatherbee buscaba transformar El Colorado en el principal centro invernal del país.
Su plan fallido consideraba construir un complejo con 13 hoteles y 15 edificios de departamentos, con una inversión que se estimaba en más de mil millones de dólares en 50 años.
El plan de la familia Leatherbee era financiar la infraestructura y el funcionamiento del centro de esquí El Colorado con esta multimillonaria inversión inmobiliaria.
-Por eso es importante permitir a los centros de esquí el desarrollo inmobiliario.
La propuesta original de la municipalidad hubiese dejado al centro de esquí más importante de Chile sin capacidad de reinvertir en infraestructura, sin posibilidad de desarrollo inmobiliario.
Cuando Leatherbee habla de “la comunidad”, se refiere a la agrupación Salvemos la Nieve, una organización que formó el propio Michael Leatherbee junto a la Asociación de Vecinos de La Parva, la Junta de Vecinos de Farellones, la Corporación de Adelanto de Farellones, la rama de esquí del Club Deportivo Universidad Católica y Patrullas de Ski de Chile, entre otras entidades.
-En la propuesta inicial de la municipalidad casi la totalidad de los terrenos de Andacor quedaban sin posibilidad de desarrollo inmobiliario.
Pero la comunidad se dio cuenta de que hay que desarrollar la zona como un sistema.
Con la propuesta de la comunidad, Andacor pudo consolidar parte importante de su desarrollo habitacional.
Salvemos la Nieve fue una iniciativa colectiva que consiguió un objetivo concreto: corregir el PRC.
-La propuesta municipal disminuye dramáticamente las posibilidades de desarrollo inmobiliario de privados.
En paños enteros que son propiedad de Andacor, donde antes se podía construir viviendas, ahora no se puede.
CIPER consultó con algunos de los propietarios de las grandes empresas involucradas en esta controversia.
-Se pensó como si fuera un pedazo de la comuna que está abajo, en el plano, sin calcular que esto es montaña ni la cantidad de gente que va al día y cómo va a aumentar con estos cambios.
Otro inversionista de la zona comentó a CIPER: “Me preocupa por un lado la inequidad, porque se modifica el plan en desmedro de unos y en beneficio de otros.
Acciones Legales y la Contraloría
Quien ha dado la pelea de forma silenciosa, pero certera, es Miguel Sandor, socio de la Empresa de Agua Potable El Colorado.
Sandor contrató al abogado Álvaro Pavez, quien se hizo parte del recurso de protección que tiene paralizado el cambio del PRC de Lo Barnechea.
Ese recurso fue ingresado a mediados del año pasado por el abogado Daniel Stingo, quien se hizo conocido como panelista del matinal de Mega.
El golpe más duro al proyecto estrella del alcalde Guevara lo propinó la Corte de Apelaciones en agosto de 2018.
El principal argumento de Daniel Stingo es que tanto la municipalidad como la Seremi de Vivienda le dieron luz verde a un cambio de uso de suelo en un área que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago define como zona de protección ecológica, de resguardo del “recurso nieve” y con áreas verdes bajo prohibición de construir.
La Corte de Apelaciones de Santiago consideró que los argumentos de Daniel Stingo eran suficientes como para revisar el proceso.
Un mes después, en septiembre, Miguel Sandor movió sus piezas.
Su abogado, Álvaro Pavez, se hizo parte del recurso de protección de Daniel Stingo como “tercero coadyuvante”.
Pavez también detalló lo que Stingo ya había manifestado: un PRC no puede introducir reformas contra lo que dictan los planes reguladores mayores: en este caso, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).
Por último, el abogado Pavez acusó que la modificación al PRC no cumplió con el trámite de toma de razón de la Contraloría.
La obligatoriedad de este trámite tiene precedentes.
En octubre de 2008, la Contraloría estableció (Resolución N° 1.600) que los instrumentos de planificación territorial -como un PRC- están obligados al trámite de toma de razón.
Cuatro años después la Corte Suprema ratificó ese dictamen: obligó a la Municipalidad de Talagante a enviar su recién estrenado PRC a ser revisado por la Contraloría, ya que se había publicado sin toma de razón.
La falta de toma de razón no es el único punto en que la Contraloría se ve envuelta en este conflicto de grandes inversionistas.
Ya en 2014, Thomas Grob -gerente general de La Parva- alegó ante esa entidad que la Seremi de Vivienda Metropolitana excedió sus facultades durante el proceso de observaciones al cambio del PRC de Lo Barnechea.
Después, hubo otros reclamos ante el órgano contralor.
Los más recientes, de junio de 2018, los presentaron -por separado- el abogado Arturo Majlis y el arquitecto Alfredo Fernández.
Las 300 hectáreas que Majlis y Fernández tienen aledañas a Manantiales quedaron excluidas de la zona urbanizable.
Por ello, el punto que pidieron resolver fueron los límites urbanos que define el nuevo plan regulador comunal y la legalidad del cambio al PRC que hizo la Municipalidad de Lo Barnechea.
En octubre de 2018, la Corte de Apelaciones ofició a la Contraloría para que le entregara un informe sobre los antecedentes relacionados con el recurso de protección que mantiene paralizado el PRC de Lo Barnechea y el mega proyecto inmobiliario en la montaña.
A la espera de la definición de la Contraloría, el litigio entre los grandes empresarios se despliega en la Corte de Apelaciones y en la Municipalidad de Lo Barnechea.
-Tanto la Contraloría como la Seremi nos han dado la razón.
Este es un Plan Regulador con una Evaluación Ambiental Estratégica que definió qué era lo que había que proteger con criterios ambientales súper fuertes.
Eso no le gusta a quienes no pueden construir ahí y esa es una de las razones por las que quieren echar abajo el PRC.
-Me genera ruido por dos razones: me parece poco presentable que un actor, la municipalidad, sea juez y parte.
Por un lado, limita el desarrollo inmobiliario de los privados y, al hacerlo, potencia el desarrollo inmobiliario en sus propios terrenos municipales.
Esa es una cancha dispareja.
Lo segundo, es que la zona de Manantiales se llama así porque tiene uno de los manantiales más grandes de la zona, un ecosistema súper importante.
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