El pasado viernes 10 de noviembre comenzaron a regir en Chile las modificaciones a la Ley de Tránsito, que fueron aprobadas por el Congreso Nacional y fueron promulgadas por el Gobierno de izquierdas del presidente Gabriel Boric el pasado septiembre. Los cambios buscan reforzar la seguridad vial y prevenir el robo de automóviles, un delito que se ha hecho frecuente en el país sudamericano a través de violentos métodos de asaltos como la encerrona.
Las “encerronas” -que son el robo violento de vehículos en que se bloquea el paso de la víctima mientras se encuentra en movimiento, forzándola a detenerse y abandonar el auto bajo amenaza o con violencia- es uno de los delitos más comunes que ocurren en estos lugares y con la nueva legislación se busca disminuir su ocurrencia.
Objetivos de la Nueva Ley
Una de las principales motivaciones para establecer la Ley 21.601 es la comercialización de vehículos robados, la que se ha multiplicado en los últimos años. Los cambios en la legislación son parte de la agenda de seguridad que ha empujado el Ejecutivo y pretenden frenar la venta ilícita de vehículos que son motorizados. Para evitar esto, se establece que la sanción por conducir con la placa patente oculta se aumenta a “falta gravísima”. También se ordena diversas obligaciones para fabricantes y automotoras en materia de comercialización de los vehículos.
Medidas Clave de la Nueva Legislación
Para ello se establecen una serie de sanciones, especialmente para quienes intervengan en la placa patente del coche. También se castigará con una mayor fuerza a quienes circulen por las calles con documentos expirados o irregulares. La nueva ley contempla, además, acciones claras en aspectos como la seguridad vial, especialmente por el uso de las luces (que también puede ser usado para esconder las placas patentes u otros elementos de identificación de los automóviles).
Grabado de Patentes en Ventanas y Espejos
La modificación legal obligará a los conductores y dueños de automóviles a grabar los números y letras de la placa patente en las ventanas y espejos. La puesta en marcha de esta normativa será gradual, ya que será inmediatamente obligatoria para los vehículos nuevos, mientras que el plazo para los vehículos usados se extenderá al menos hasta septiembre de 2024. Junto con esto, el uso de vidrios polarizados junto con el ocultamiento de la patente será considerado como un agravante por parte del juzgado correspondiente.
Regulación del Uso de Faros
La nueva ley fija además la normativa de uso de focos, los que no deben alterar la identificación del auto. De acuerdo a la normativa reformada, está prohibido usar, adosar o conducir con luces o faros distintos a los autorizados por la legislación. En el detalle, la autoridad exige que las luces delanteras deberán ser blancas; las traseras (de freno) rojas; las de retroceso blancas; y las de viraje naranjas o rojas.
Venta de Combustible
La obligación de mantener la identificación de los vehículos será parte de algunas acciones cotidianas como la carga de combustible. De acuerdo a la ley, las gasolineras no podrán vender el producto a los conductores que lleguen a cargar un vehículo que no cuente con su placa patente.
Sanciones y Multas
El incumplimiento de la nueva Ley de Tránsito podría derivar en multas de entre 5 a 74 unidades tributarias mensuales (UTM), equivalentes a 319.800 pesos (unos 359 dólares) a 4.733.040 pesos (5.309 dólares). Esta sanción se aplicará para los conductores que hayan adquirido un vehículo sin haber solicitado la inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados (RNVM), dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su compra. La adulteración de la patente (falsificación o uso de una placa que corresponda a otro vehículo) será castigado con una multa que va entre las 50 y 100 UTM, equivalentes a 3,1 millones de pesos (3.590 dólares) y 6,3 millones de pesos (7.175 dólares), respectivamente.
Causales para la Requisición de Vehículos
Los cambios normativos establecieron además cinco causales en las que los agentes de tránsito de Carabineros de Chile pueden requisar un vehículo de circulación.
Medidas Adicionales en Concesiones de Obras Públicas Viales
La sala de la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que obliga a las concesionarias de obras públicas viales a adoptar una serie de medidas de seguridad para evitar delitos que se cometen en esos lugares. Según el texto aprobado, que cuenta con un artículo único, se introducen dos grandes modificaciones a la actual Ley de Concesiones de Obras Públicas: primero, se refuerza a nivel legal los deberes de las concesionarias de obras públicas en materia de seguridad y protección para los usuarios. El segundo punto, es que se consagra en la regulación legal de las concesionarias el deber de instalar cámaras de seguridad, cámaras térmicas, sistemas lumínicos, lectores de patentes, entre otras medidas.
Así, entre las disposiciones que se deben adoptar la concesionarias por la nueva ley están las de detección, a través de televigilancia, de vehículos con patentes alteradas, con órdenes de encargo por apropiación o con faltas de tránsito. Esta nueva obligación se suma a las ya existentes que obliga a las concesionarias a la conservación de las obras viales y de brindar continuidad en la prestación del servicio que se extiende a los usuarios y a sus bienes.
En todo caso, las especificaciones técnicas de estas nuevas obligaciones, atendida la naturaleza especial de cada contrato y su ubicación geográfica, se establecerán en las respectivas bases de la licitación. En ese sentido, las bases consagrarán las sanciones que se impondrán al concesionario ante el incumplimiento de sus deberes de seguridad. Así, las multas que se estipulen en las bases se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad que les cabe a los concesionarios en virtud del Artículo 35 de la Ley de Concesiones (responsabilidad civil ante terceros).
Cabe destacar que el Ministerio de Obras Públicas ya ha estado trabajado en modificaciones a los contratos de concesión de obras viales, en que se están incorporando este tipo de medidas. Asimismo, se incorpora un nuevo artículo, para establecer la interoperabilidad entre el concesionario y el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, sobre información relativa, “al menos, a la placa patente o ausencia de la misma, marca, modelo y color de los vehículos motorizados que circulen por las obras, de acuerdo a sus respectivas facultades legales en materia investigativa o en el rol de policía preventiva de Carabineros de Chile”. Esto facilitará la actuación del Ministerio Público en el contexto de una investigación penal y el trabajo de las policías en casos de flagrancia.
Ello, pues se consagra un mandato legal para integrar información de órganos públicos y entidades privadas sobre placas patentes únicas y características de vehículos motorizados. Este último punto es relevante, pues se relaciona directamente con la implementación del piloto Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial (Sitia), implementado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
"Ya hemos ido desarrollando con distintas concesionarias para mejorar los estándares de seguridad. De hecho, hemos estado trabajando a través de nuestro proyecto Sitia, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, ya con algunas concesionarias y privados o de colaboración público-privada para incorporar lectores de patentes y poder desarrollar la inteligencia artificial para realizar datos en estos ámbitos”, explicó la subsecretaria Carolina Leitao.
Implicaciones Económicas
Por último, el proyecto contempla una norma transitoria que establece el deber del Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Ministerio del Interior, de adoptar las medidas tendientes a modificar los contratos de concesión de obras públicas viales vigentes que no cuenten con medidas de seguridad en un plazo máximo de cinco años. Esto, con el objetivo de incorporar las obligaciones de vigilancia, seguridad y asistencia contempladas en la presente ley y las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. Las acciones y modificaciones realizadas serán informadas anualmente a la comisión de obras públicas de ambas Cámaras.
Este fue uno de los puntos que mayor debate generó en su discusión parlamentaria, por el posible traspaso a los usuarios de los mayores costos de estas obras. Diversos legisladores criticaron las utilidades que tienen las empresas concesionarias y que este proyecto pudiera suponer un alza de las tarifas. Los parlamentarios pidieron que se clarifique si esto tendrá o no un impacto en los bolsillos de los vecinos.
Al respecto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, aseguró que estas obras se harán con recursos del Estado y no habrá traspaso a la tarifa.
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