En las páginas que siguen se busca reconstruir y analizar los años iniciales del proceso de motorización de los sistemas de transporte urbano en la ciudad de Santiago. Se busca aportar a la renovación de los estudios urbanos y ofrecer una mirada sobre la historia de la ciudad a partir de la perspectiva que brindan determinados objetos tecnológicos y los sistemas de relaciones que establecen con su entorno en la vida cotidiana.
Como en muchas otras ciudades del mundo, en el caso de Santiago de Chile este proceso de transformación urbana debe situarse básicamente durante las primeras tres décadas del siglo XX. Durante estos años, la ciudad fue, por una parte, el escenario de una irrupción de vehículos modernos (tranvías eléctricos y automotores) y, por otra, el escenario de los primeros indicios claros del proceso de metropolización, que aceleraría e intensificaría las consecuencias que los nuevos sistemas de transporte alcanzaban en la ciudad.
Fenómenos como el crecimiento demográfico, el avance de la ciudad sobre sus periferias y el aumento de las distancias entre los lugares de habitación y los centros laborales provocaron un incremento en la demanda por transporte motorizado, en el número de viajes diarios y en el tiempo que diariamente se destinaba a estos.
La Modernización del Tránsito Urbano
Mediante la persecución de los objetivos recién explicados, se busca sostener que la modernización del sistema de tránsito urbano, mediante el posicionamiento y legitimación de los tranvías eléctricos y los automotores como medios predominantes en los desplazamientos cotidianos, implicó un profundo cambio en los modos de los desplazamientos, demandando una transformación material y social de la ciudad.
La irrupción de los vehículos motorizados y su progresiva aceptación y legitimación como modelos ordenadores de los desplazamientos favorecieron la expansión de diversas formas de vida urbana hacia los terrenos suburbanos y generaron una creciente especialización del espacio de la calle y sus usos. Estas transformaciones se produjeron en un contexto de conflicto permanente con los intereses contrapuestos que demandaban las formas de circulación que habían regido en la ciudad decimonónica.
No obstante, aun cuando los tiempos y formas de la tracción animal y del paso de los transeúntes siguieron predominando durante las primeras tres décadas del siglo XX, la asociación del nuevo paradigma de circulación motorizada a la modernización de la ciudad posibilitó su legitimación como sistema ordenador de los desplazamientos.
El Auge del Parque Automotriz Vespucio San Ramón
A solo algunos metros del municipio liderado por Aguilera se ubica el Parque Automotriz Vespucio San Ramón. El terreno de casi 15.000 metros cuadrados es un bien nacional de uso público y su administrador, la municipalidad.
Un letrero amarillo con letras negras y blancas da la bienvenida al negocio de compra y venta de autos usados, en avenida Ossa 1590. Colindante con el Parque La Bandera y la caletera de la autopista Vespucio Sur, en el amplio paño donde funciona la firma mantiene un stock de 1.300 vehículos.
A diario llega allí un promedio de cien personas que recorre las callejuelas del recinto para escoger uno de los autos estacionados sin ningún orden aparente. Sus precios fluctúan entre $1 millón y $20 millones y todos lucen relucientes pese a que el suelo es de maicillo y tierra.
Cuando la persona escoge su vehículo, no tiene que desplazarse. En la misma Automotora Vespucio San Ramón encontrará una sucursal de Falabella y otra de Tanner las que ofrecen créditos automotrices de aprobación exprés con solo un pie de hasta el 20% del valor del vehículo. A pocos pasos, está la notaría Víctor Inostroza Figueroa, donde se puede realizar de inmediato la transferencia de los vehículos.
Al interior del amplio recinto repleto de autos, no solo hay dos oficinas de crédito y una notaría. En la web del municipio no hay registro de la primera vez que dicho terreno se concesionó. La indagación de CIPER indica que fue antes de que terminara en 2012 la administración del alcalde Pedro Isla (DC), que se licitó por primera vez el uso de ese terreno, parte del Parque La Bandera.
Hubo dos ofertas y la ganadora fue la que presentó la sociedad de Marcela Rosales. No fue fácil la decisión. Hay distintas versiones sobre los detalles de las tres sesiones que demoró el acuerdo respectivo del concejo municipal. Todas envueltas hoy por un velo de temor.
Detalles de la última licitación de enero pasado, hay muy pocos. Lo único extraño es que habiéndose ya convertido en un espacio de gran rentabilidad comercial, por lo que se subió el canon del arriendo, finalmente se presentó una sola oferta. De los otros interesados no quedó rastro.
Aparte del callejón que une la caletera de Américo Vespucio Sur con Avenida Ossa, en el terreno no hay ningún espacio público. Lo único que se podría asimilar a ello es una pequeña área de unos 100 metros donde se emplaza un resbalín de plástico y dos columpios de madera. Al frente, un baño de hombres y otro de mujeres.
Y si bien no hay ni áreas verdes ni espacios públicos para el disfrute de los habitantes de San Ramón, lo que sí encontró CIPER es al menos otras siete empresas -además de la que es dueña Marcela Rosales- vinculadas al terreno, ya sea porque sus dueños o la sociedad fijaron domicilio en el mismo lugar.
CIPER se comunicó con Marcela Rosales, quien explicó que el terreno fue concesionado a través de una licitación en 2003, en la que habrían participado varias empresas: «Siempre hemos competido con más organizaciones», aseguró. Una afirmación que no se corrobora en el registro de Mercado Público ya que en la última licitación fueron los únicos oferentes.
La renovación de la concesión fue aprobada de manera unánime por el Concejo Municipal en enero de 2017 (revise aquí la oferta de esta sociedad en la última licitación). David Cabedo, concejal RN, presente en la votación, explicó a CIPER que la principal razón para aprobarla fue que la empresa automotora pagaría un precio mayor por la concesión: 200 UTM mensuales ($9,3 millones según la cifra de octubre 2017).
Implicaciones y Controversias
El Parque Automotriz Vespucio San Ramón se ha convertido en el eje donde se cruzan distintos personajes de la trama donde se teje el poder del alcalde Aguilera. Una de las sociedades que registra domicilio en la automotora es “Bastías y Zamorano y Compañía Limitada”, cuyo socio Juan Carlos Bastías Olea registra condenas por narcotráfico.
Marcela Rosales ha sido durante años una aliada política de Miguel Ángel Aguilera. En 2016 fue reelecto alcalde de su comuna con un sorprendente 70,3%. La vida le sonreía hasta que este 1 de octubre un reportaje de Informe Especial (TVN) hizo trizas el bajo perfil que había cultivado y sacó a la luz su relación con el narcotraficante Jorge “Chino” Pinto y contratos irregulares en el municipio.
Fue Erni Soto quien en 2012 habría incorporado a Jorge “Chino” Pinto a los grupos de choque que trabajaron para el alcalde Aguilera en las primarias de ese año. El negocio de los autos también ocupó durante algún tiempo a Francisco Andrés Olguín, quien fuera hasta hace dos semanas el jefe de gabinete del alcalde Aguilera.
Olguín, quien ha dicho que compraba y vendía autos usados, fue sorprendido en tres ocasiones en 2013 (entre febrero y julio de ese año) a bordo de vehículos robados. La contratación de una persona con antecedentes por narcotráfico, fue el plato fuerte de la emisión de Informe Especial.
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