En América Latina, el caso del éxodo venezolano es paradigmático, pues desde el año 2014 la nación que en la década del setenta era el epicentro de los proyectos de modernización urbana producto de la bonanza petrolera (Pineda, 2019), se convirtió progresiva mente en la nación latinoamericana con mayor cantidad de emigraciones involuntarias dirigidas hacia distintos puntos de la región.
El Mercado de Arriendo en la Vivienda Informal
El mercado de arriendo en la vivienda informal es un derivado directo de los procesos de autoconstrucción en los que el arquitecto popular diseña su vivienda no solo en función de resguardo para núcleo familiar, también para la proyección de su familia extendida y para aquellas personas que requieren pasar por la modalidad del arriendo mientras logran la propiedad de una vivienda.
Los vínculos entre vivienda informal y mercado de arriendo han sido objetos de investigación de geógrafos y urbanistas como Rodrigo Hidalgo (2005), Patricia Olivera (2018), Brenda Matossian (2018) y en Colombia Adriana Parias (2008) y Carlos Alberto Torres (2009). El punto de confluencia entre estas investigaciones está en que los arrendadores de vivienda en barrios informales pertenecen al mismo estrato social de sus arrendatarios, por lo que los ingresos producto del alquiler son en la mayoría de los casos, una de las fuentes principales de supervivencia de los arrendadores.
La Vivienda en Arriendo en América Latina
Hidalgo (2005) y Link et al. (2019) mencionan que, aunque en América Latina la vivienda en arriendo no ha estado sujeta a programas estatales, se deben destacar las iniciativas de Chile al ser el primer país de la región en adoptar un programa de arriendo enfocado al subsidio a la demanda que apoya sobre todo a las familias de ingresos bajos y medios. Este modelo de arriendo social también intentó ser implantado con éxito limitado en Brasil con el programa PAR dirigido a familias con ingresos mínimos.
En retrospectiva, no es posible pensar en la producción de la vivienda informal y el mercado de arriendo sin asociarlo a los movimientos migratorios, se hace imperativo señalar que la bibliografía que vincula vivienda y arriendo en Bogotá y migración venezolana es escasa y dispersa.
Esto sucede porque un fenómeno como la misma llegada masiva de venezolanos a territorio co lombiano ha sido abordado con mayor frecuencia desde la ciencia política, las relaciones interna cionales y el derecho. A diferencia de países como Brasil, Argentina o México, hasta las últimas décadas Colombia no había sido considerada como un destino de asentamiento o permanencia para los inmigrantes.
Sin embargo, la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela ha derivado en que a partir del año 2014 millones de familias venezolanas vean en Colombia una opción para estabilizar su situación laboral o en términos más contundentes -una posibilidad para salvaguardar su vida. Según Migra ción Colombia (2020), el año 2020 cerró con el ingreso de 1,72 millones de venezolanos, en estos movimientos poblacionales también se debe tener presente que al menos el 20% de quienes pa san la frontera son retornados que viajaron a Venezuela durante la década del 70, aprovechando el boom petrolero y que hoy, en muchos casos contra su voluntad deben regresar a su país de origen.
Ante la ingente cantidad de población venezolana que ha tenido que escoger la defensa de su vida a costa del abandono de su país, Colombia se ha convertido en el mayor receptor de esta población en la región y ahora detenta el segundo lugar en el listado de países con mayor capa cidad de albergue para refugiados después de Turquía, territorio que le ha abierto sus puertas a millones de refugiados del norte de áfrica y de países del medio oriente como Afganistán (ACNUR, 2020).
Ciudades como Bogotá se enfrentan al reto de crear políticas integrales para el acceso a la educación, vivienda y la salud para migrantes venezolanos quienes en este momento pueden amparar bajo los Decretos 0573 y 216 de 20214 que han sido sancionadas por el congreso con el fin de garantizar los derechos de permanencia e integración de la comunidad. Actualmente, Bogotá se concentra una de las mayores proporciones de población venezolana, hasta el 2020 se reportan 337.594 personas provenientes del vecino país.
Estas familias están concentradas mayoritariamente en localidades como Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y Usaquén, particularmente en barrios periféricos donde el precio del suelo dedicado a vivienda y la oferta de servicios comer ciales, educativos y de salud suelen ser más accesibles respecto a otros barrios más centrales o mejor ubicados de Bogotá.
De acuerdo con Pineda (2019) la migración venezolana a Colombia podría definirse a partir de dos etapas; la primera ocurrida entre 1998 y 2015, la segunda a partir del mismo 2015 y que continúa hasta hoy. Aunque existe una continuidad temporal, es importante señalar que esta definición se da porque la primera parte estuvo compuesta por medianos empresarios y profesio nales cuyo asentamiento en Colombia fue temporal hasta formalizar su partida hacia países como España y Estados Unidos.
Dadas las características socioeconómicas de este segundo flujo migratorio, En esta investi gación se hace énfasis en ellos, pues son quienes han tenido que asentarse en ciudades como Bogotá para reconstruir una nueva vida laboral que no suele coincidir con sus experiencias labo rales ni con su formación profesional en algunos casos. El reto que enfrentan los protagonistas de estas olas migratorias debe enfrentarse a un nuevo inicio fuera de su territorio y lejos de sus redes de pertenencia.
Si se clasifica la población migrante por grupos etarios encontramos que para el año 2020 2,6% tenía más de 55 años, el 41,1 tenía entre 25 y 54 años, el 32,5% entre 10 y 24 y el 23,8 se encontraban entre los 0 y 9 años (DANE, 2021).
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