El régimen franquista en España (1936-1975) implementó una densa red de represión con el objetivo de eliminar física e ideológicamente al enemigo republicano y aterrorizar a la población en su conjunto. Para lograr este objetivo, la represión abarcó todas las áreas posibles de la vida: económica, social, cultural, ideológica y política; y fue un instrumento de dominación, humillación y consenso forzado. La represión fue inherente al régimen franquista y convirtió a todo el país en una amplia prisión.
Los Inicios del Franquismo y la Represión
Cualquier análisis de la represión franquista en España debe considerar que la dictadura franquista, el Nuevo Estado, la España de Franco, nació de un golpe de Estado militar contra el régimen democrático republicano legalmente establecido (17-18 de julio de 1936), y se configuró y articuló a lo largo de una cruenta guerra civil que finalizó con su victoria militar (julio de 1936/ abril de 1939). Este es un aspecto clave para entender la dinámica de la represión franquista, fundamentada en la "trampa (i)legal" de convertir a los defensores del legítimo régimen republicano, en rebeldes; acusados de Adhesión a la Rebelión, Auxilio a la Rebelión o Rebelión Militar; mientras que los golpistas se autodenominaban defensores del orden.
El mismo dictador, Francisco Franco, afirmaba que "el -Glorioso- Movimiento Nacional -el golpe de estado-, no ha sido nunca una sublevación. Los sublevados eran y son ellos, los rojos". Y en las sentencias de los consejos de guerra vemos escrito, una y otra vez: "que contra los legítimos poderes del Estado, asumidos por el Ejército a partir de 17 de Julio de 1936 en cumplimiento de su función constitutiva, se desarrolló un alzamiento en armas y una tenaz resistencia, cometiéndose a apoyo amparo toda suerte de violencias, ...".
Una justicia que no buscaba la verdad, sino que partía del hecho de que todos los acusados eran culpables si no se demostraba lo contrario, lo cual era casi imposible en el marco del truculento sistema judicial militar franquista, donde el derecho de defensa era inexistente. Todos aquellos que habían defendido a la República, de forma activa o pasiva, y todos aquellos que no se habían mostrado favorables al Glorioso Movimiento Nacional, eran susceptibles de sufrir este tipo de [in]justicia franquista.
El franquismo, tanto durante la guerra civil, como en la posguerra, se planteó eliminar "al enemigo", de "extirpar" o de "aniquilar" los elementos republicanos que podían poner en peligro la dictadura, y extender la miedo entre aquellos a los que no llegaba la represión. Tan importante era eliminar físicamente al enemigo, como atemorizar y humillar a la población vencida que sobrevivía para que asumiera su lugar en el Nuevo Estado.
A partir de finales de 1937, el régimen franquista contó con la colaboración de una comisión de la Gestapo alemana encabezada por Heinz Jost, que se integró en el Ministerio de Orden Público en Valladolid, dirigido por el sanguinario Martínez Anido. Uno de los legados de dicha colaboración fue la creación de un enorme almacén de información política en Salamanca, a donde iba a parar la documentación requisada a las asociaciones republicanas (partidos, sindicatos, centros culturales, bibliotecas, ateneos, ...) a medida que los franquistas iban ocupando el territorio.
A finales de abril de 1938 se creó la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos (DERD) con el objetivo de recabar, almacenar y clasificar toda la documentación de los partidos políticos, las organizaciones y las personas hostiles y desafectas al Movimiento Nacional, a fin de facilitar su localización y castigo. Toda esta documentación fue depositada en Salamanca y se convirtió en la base de centenares de miles de fichas para la represión franquista.
La Legalización de la Represión
Durante la postguerra, el régimen franquista aplicó la legislación represiva generada durante la guerra civil española (1936-1939), ampliada y matizada por un conjunto de órdenes, decretos y leyes de carácter complementario. Durante el periodo 1939-1948, el eje de la política represiva franquista fue la "justicia" militar que, con sus sumarios de urgencia y sus consejos de guerra, llenó las prisiones de penados y los cementerios de ejecutados (Decreto de 28 de julio de 1936, que se mantuvo hasta julio de 1948). Decenas de miles de personas fueron sometidas a consejos de guerra, de las cuales el 90% fueron condenadas, de estas un 85% a penas de prisión de entre 6 y 30 años y un 15% a penas de muerte.
La legislación militar fue completada con la Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939 (reformada el 1942, derogada el 1945, aunque sus expedientes estuvieron vigentes hasta 1966), con la finalidad de extorsionar económicamente a las personas y a las familias republicanas y a sus herederos en caso de muerte. La Ley de represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940 (vigente hasta el 1964) y la Causa General (abril de 1940) que intentará recoger todos los detalles que hubiesen podido escapar de las anteriores leyes represivas.
Todavía, el 11 de abril de 1941 se publicó la Ley de Seguridad del Estado; el 3 de enero de 1945, el Código Penal franquista, y el 18 de abril de 1947 se le añadió la Ley de Represión del Bandidaje y Terrorismo. Más adelante se crearía el Tribunal de Orden Público (1963-1977), que procesaría a miles de luchadores antifranquistas mediante la incoación de 22.660 procesos. Un conjunto de leyes represivas con el único objetivo de legalizar unos procesos judiciales sin ningún tipo de garantía jurídica.
En los procesos Sumarísimos de Urgencia y en los Consejos de Guerra se juzgaban en un mismo proceso y en una hora veinte, treinta o hasta cuarenta personas que, sin posibilidad de defensa, eran condenadas a penas de muerte, a cadena perpetua o a 12 o 20 años de prisión. Estos juicios sumarísimos tenían como objetivo castigar de forma ejemplar a los que se habían opuesto al triunfo del franquismo y aterrorizar a los indiferentes. En ellos y en los juicios de Responsabilidades Políticas a menudo se mezclaban los intereses y las venganzas políticas con las personales.
Todo ello complementado por las depuraciones, en las cuales todos los trabajadores púbicos debían demostrar su inocencia y que "limpiaron" la administración, los centros educativos públicos y las juntas directivas de las asociaciones populares, de personas "desafectas'". Sirva de ejemplo que, de los 15.860 funcionarios públicos que había en Catalunya durante el período republicano, tan solo 753 conservaron su empleo durante el franquismo, menos del 5%.
El magisterio fue uno de los principales sectores afectados por las depuraciones. Entre las primeras víctimas de lo que Queipo de Llano llamaba el "movimiento depurador del pueblo español" figuraron los alcaldes, los concejales y los sindicalistas, pero también los maestros. Porque, como se decía en un artículo publicado en la prensa de Sevilla en los primeros días del "alzamiento": "No es justo que se degüelle al rebaño y se salven los pastores. Ni un minuto más pueden seguir impunes los masones, los políticos, los periodistas, los maestros, los catedráticos, los publicistas, la escuela, la cátedra, la prensa, la revista, el libro y la tribuna, que fueron la premisa y la causa de las conclusiones y efectos que lamentamos". Tantos eran los enemigos que había que depurar.
El objetivo era muy claro: la escuela debía servir fundamentalmente para el adoctrinamiento de los jóvenes, es decir, para difundir la ideología del Nuevo Estado: confesionalismo católico, patriotismo español excluyente y exaltado, negación de la pluralidad cultural del país, transmisión de valores jerárquicos: de obediencia, disciplina y sacrificio.
El Mantenimiento de la Represión Tras el Fin de la Guerra
El final de la guerra civil (1 de abril de 1939) que había enfrentado a los españoles durante tres años (1936-1939) no comportó el establecimiento de la paz. Al contrario, Franco y sus colaboradores decidieron que la guerra contra la República iba a continuarse por otros medios. Se inició así una nueva guerra basada en la sujeción y la revancha contra los vencidos por parte de los vencedores. Era la "Justicia de Franco".
El mismo Franco lo había afirmado con motivo del desfile de la victoria el 19 de mayo de 1939 en Madrid: "No nos hagamos ilusiones: el espíritu judaico que permite la alianza del gran capital con el marxismo, que sabe tanto de pactos con la revolución antiespañola, no se extirpa en un día y aletea en el fondo de muchas conciencias". En el discurso de fin de año del 31 de diciembre de 1939 insistía en que no habría "monstruosas y suicidas amnistías" para los presos republicanos, sino "redención de la pena por el trabajo, con el arrepentimiento y con la penitencia, quien otra cosa piense, o peca de inconsciencia o de traición". El franquismo iba a seguir "invirtiendo en terror", como señala Paul Preston.
De hecho, la declaración del estado de guerra que se había proclamado el 18 de julio de 1936 se mantuvo hasta 1948, es decir hasta diez años después de finalizada la confrontación bélica, cuando la Segunda Guerra Mundial se decantaba claramente a favor de los aliados y en contra de los fascismos. Franco utilizó esta legislación como cobertura legal de la represión, tanto de los prisioneros políticos de las zonas ocupadas, como de los prisioneros de guerra republicanos, donde se les clasificaba, para su posterior castigo.
En los territorios que iban ocupando los franquistas se establecía inmediatamente la Auditoria de Guerra correspondiente, "para formular reclamaciones o denunciar hechos delictivos acaecidos durante la época del terror rojo", donde "serán escuchados y atendidos todos aquellos que reclamen la serena justicia de la España Nacional". Mientras tanto, la Falange y la Guardia Civil se dedicaban a recoger información, detener "sospechosos" y apalear rojos. Es a decir, a mantener el "Nuevo Orden" en los pueblos, villas y ciudades ocupadas.
A partir de julio de 1939, las Capitanías Generales de las diversas Regiones Militares, los Gobiernos Civiles provinciales y los Tribunales regionales de Responsabilidades Políticas gestionaron la represión. El siguiente paso fue la confiscación de los bienes de los partidarios de la República, de manera que los locales de los partidos y sindicatos, de las sociedades republicanas de todo tipo, de las cooperativas de trabajo y de consumo, todo fue asaltado, confiscado y, finalmente, expropiado, en benefició individual o colectivo del nuevo Estado y de sus seguidores.
Al final de la guerra, un gran número de personas cayó en la red represiva del franquismo, mediante tres vías diferentes:
- Los soldados republicanos hechos prisioneros o presentados a las fuerzas franquistas: unos 500.000 al final de la guerra y que protegían las convenciones internacionales, pero que, de la noche a la mañana, fueron convertidos en presos políticos.
- Los que habían huido a Francia y que volvieron progresivamente a España los meses posteriores al fin de la guerra, haciendo caso a los mensajes franquistas que decían que "aquellos que no tuviesen las manos manchadas de sangre podían volver sin problemas". Eran, sobre todo, soldados republicanos que habían pasado la frontera en la retirada, y personas que habían huido de los pueblos por miedo, pero que no habían tenido responsabilidades durante la República, aproximadamente, unas 300.000 personas de las 480.000 que habían atravesado la frontera. Todas estas personas fueron internadas en campos de concentración y clasificación, para que el régimen franquista pudiera separar a los supuestos culpables y ubicarlos en el Nuevo Estado: ejecutados, encarcelados u obligados a trabajos forzados. A lo largo de 1939, cerca de 500.000 españoles pasaron por la red de más de un centenar de campos de concentración distribuidos por toda España, sufriendo unas miserables condiciones de vida y unas humillantes políticas de reeducación políticas. Campos que empezaron a abrirse en noviembre de 1936 para regular el tratamiento de los prisioneros de guerra (antes se les encarcelaba o se les asesinaba in situ) y se mantuvieron hasta 1947, convirtiendo la España de la postguerra en un enorme campo de concentración.
- Los detenidos por los cuerpos policiales o parapoliciales a causa de su participación en los asuntos republicanos, o por el simple hecho de ser denunciados por algún vecino. El número de personas detenidas pendientes de juicios sumarísimos aumentó exponencialmente a lo largo de 1939, hasta llegar a las 300.000, por lo cual se tuvieron que habilitar diversas prisiones y centros de detención.
Las Dificultades de Cuantificación Precisa
Estamos todavía lejos de haber completado el estudio numérico de las víctimas, que tiene problemas invencibles, como el hecho de que la gran mayoría de los muertos de la fase inicial de la guerra se deben a asesinatos "incontrolados", al margen de la ley, a menudo por los falangistas y por el ejército franquista.
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