Historia y Objetivos de la Ley de Eficiencia Energética en Chile

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Chile ha realizado importantes avances en materia de política energética en la última década, en particular en el ámbito de la promoción de las energías renovables no convencionales (ERNC). No obstante presenta un serio retraso en materia de normas para la eficiencia energética con respecto a los demás países de América Latina y un retraso abismal respecto de los países de la OECD, bloque del cual Chile es miembro.

La presente Historia de la Ley contiene los documentos disponibles a la fecha de publicación de la Ley. El uso eficiente de la energía, constituye un tremendo beneficio para la sociedad, el medio ambiente y la economía, pues permite, reducir las emisiones de contaminantes locales (material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y metales pesados) que afectan gravemente la salud de la población, y las emisiones de contaminantes globales como el CO2 producidos por la combustión de combustibles fósiles.

Adicionalmente el Uso Eficiente de la Energía (UEE) permite mejorar la competitividad del país, al aumentar la productividad de las empresas, especialmente las energo-intensivas, liberar recursos destinados al pago de energéticos y crear toda una nueva industria de servicios energéticos y nuevos empleos. También permite mejorar la independencia y seguridad energética del país al requerirse menos importación de fósiles.

A pesar de los evidentes beneficios de la eficiencia energética, existen una serie de barreras de mercado -información, regulaciones y políticas financieras- que impiden que la implementación de esta política energética se desarrolle en forma autónoma. Por ello, todos los países desarrollados, y muchos países en vías de serlo, han implementado normativas que permiten superar dichas barreras.

En consecuencia el país no ha logrado avanzar hacia un uso racional de la energía, no ha logrado reducir la contaminación e impactos sociales y territoriales de su generación y consumo; y tampoco en la eficiente implementación de los Planes de Descontaminación. La implementación de estas leyes de Eficiencia Energética, según la Agencia Internacional de Energía (IEA, informe anual[1] de 2014) ha generado importantes ahorros a nivel mundial, al evitar el consumo de 15 MTcal[2].

Chile, aunque avanzó en los últimos años en el etiquetado de EE para electrodomésticos; la fijación de algunos estándares mínimos, incluidos en la Ley N°20.402 de 2009; y en la creación de una Agencia Chilena de Eficiencia Energética, aún no posee una ley de eficiencia energética y tampoco metas nacionales o sectoriales con este fin. También continua permitiendo la expansión del sector transporte, con deficiente planificación de la movilidad y sin regulación ni información sobre estándares mínimos de eficiencia energética de las importaciones y comercio del parque vehicular.

Objetivos Clave de la Ley

  • Promover la EE en los Grandes Consumidores de Energía.
  • Ampliar la cobertura de los estándares mínimos de Eficiencia Energética para incorporar los vehículos motorizados nuevos que se integren al parque vehicular.
  • Ampliar el sistema de etiquetado vigente, para su aplicación a edificaciones residenciales.

Grandes Consumidores de Energía

En Chile existen 130 empresas que presentan grandes consumos de energía, equivalente a un consumo final anual, igual o superior a 50 tera-calorías (aproximadamente $2.500 millones anuales). Estas industrias energo-intensivas, actualmente tienen la capacidad técnica y económica de gestionar un uso eficiente de la energía, y con ello, reducir sus impactos y aumentar su productividad y competitividad.

De acuerdo al Balance de Energía 2015, en Chile existen solo 130 empresas que presentan grandes consumos de energía, equivalente a un consumo final anual, igual o superior a 50 tera-calorías (una factura aproximada de $2.500 millones anuales). A nivel internacional la experiencia ha demostrado que la industria energo intensiva no incorpora voluntariamente estándares de EE en la gestión de la energía, por lo cual los Estados han debido identificar barreras y diseñar políticas públicas para removerlas.

Aquellas empresas con consumos sobre 100 tera-calorías anuales en el año calendario anterior, o aquellas que tengan instalaciones con consumo energético anual igual o superior a las 50 tera-calorías, podrán ser consideradas, para efectos de esta ley, como “empresas energo-intensivas”.

b)Incorporar, en el plazo de 12 meses desde la promulgación de esta ley, un Sistema de Gestión de Energía, en cada una de sus instalaciones con consumos iguales o superiores a 10 tera-calorías anuales. Alternativamente, las empresas energo-intensivas podrán cumplir la obligación anterior si obtienen y mantienen vigente la Norma Chilena 50.001, o aquella que la reemplace.

c)Realizar y enviar a la SEC, en el plazo de 18 meses desde la promulgación de esta ley, y posteriormente cada cuatro años, una auditoría energética en cada una de sus instalaciones con consumos iguales o superiores a 10 tera-calorías anuales.

En particular en la Unión Europea, la directiva 2012/27/UE establece la obligatoriedad de implementar sistemas de gestión de la energía, y de realizar auditorías energéticas periódicas en todas las empresas que no sean pyme; y en la mayor parte de los demás países mencionados existen obligaciones similares.

a) Todas las empresas con un consumo energético anual, para uso final, igual o superior a las 50 tera-calorías (aprox. $2.500 millones anuales) que constituyen “empresas energo-intensivas”, podrán informar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, anualmente, sus consumos de energía.

b) Las empresas “empresas energo-intensivas” podrán implementar en el plazo de 2 años, un Sistema de Gestión de Energía (SGE), en cada instalación o faena con consumo igual o superior a 10 tera calorías anuales. Este SGE debería ser auditado cada dos años por un auditor externo.

Las modelaciones desarrolladas por diversas entidades académicas y técnicas para el Ministerio de Energía, proyectan que de aplicarse SGE en las “empresas energo-intensivas” y medidas auto gestionadas de EE equivalentes a la Norma Chilena 50.001; se podría alcanzar reducciones anuales en el consumo de energía por sobre las 15.000 tera calorías, al año 2035.

Vehículos Motorizados

Actualmente, el parque de vehículos livianos en Chile está constituido por 4,5 millones de vehículos, y crece a una tasa aproximada de 300.000 vehículos nuevos cada año. La aplicación de estándares de eficiencia energética y/o estándares de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a vehículos nuevos livianos, ha sido una de las políticas más costo-efectivas para mejorar la EE del parque vehicular, y ha sido ampliamente aplicada en Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Japón, China, Corea del Sur y México entre otros países.

De acuerdo a los estudios y modelaciones de escenarios de estándares de eficiencia energética en vehículos motorizados , desarrollados por la Universidad de Chile y el Centro Mario Molina, el parque vehicular en Chile podría acercarse gradualmente a los estándares de eficiencia y emisiones de los países desarrollados (con un poco de rezago) . Se estima que los ahorros anuales a consecuencia de la aplicación de estándares de emisión o eficiencia -por menor consumo de combustible-, serían de entre 10.000 y 15.000 Tera-calorías anuales al 2035 (lo cual significaría ahorros de entre US$750 - 1.150 millones de dólares).

El parque de vehículos livianos por su parte podrá cumplir con las siguientes metas de emisiones de dióxido de carbono (CO2): 130 gramos de CO2 por kilómetro al año 2021 y 95 gramos de CO2 por kilómetro al año 2026.

Edificaciones Residenciales

Las edificaciones en Chile consumen el 21% de la energía a nivel nacional; y de este, el 70% corresponde al consumo de las viviendas. El etiquetado energético permite transparentar la información sobre la calidad energética de las viviendas, permitiendo al consumidor incorporar la variable eficiencia energética en la decisión de compra de su casa; aspecto que hoy día no es conocido por los consumidores al momento de la compra.

Desde el año 2009, en virtud de la Ley N°20.402, el Ministerio de Energía tiene la facultad para etiquetar y establecer estándares mínimos de EE respecto de productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales que utilicen cualquier tipo de recurso energético, para su comercialización en el país. La experiencia de aplicación de etiquetado de EE, desde su establecimiento en la Ley 20.402 de 2009, ha sido una experiencia especialmente exitosa, porque ha mejorado la decisión de compra del consumidor, y porque también ha incentivado a las empresas a vender mejores productos y más eficientes.

Barreras y Desafíos

Sin embargo, existen una serie de barreras de información, culturales, económicas, técnicas e institucionales que dificultan y hacen más lento su desarrollo. Estos mecanismos debieran, por tanto, propender al control o reducción de emisiones, pero al mismo tiempo, no afectar la competitividad económica, en un verdadero ejercicio de sostenibilidad.

La barrera de información se refiere a la falta de ésta respecto a las alternativas tecnológicas eficientes existentes, sobre los beneficios de la eficiencia energética o sobre el potencial de eficiencia existente en una empresa y en los hogares. Las barreras económicas corresponden a barreras asociadas a los costos de inversión, pues las familias y empresas tienden a comparar dichos costos más que aquéllos asociados a la inversión y operación de equipos, al decidirse a realizar compras de éstos.

Las barreras técnicas tienen que ver con que no siempre están disponibles en el mercado las tecnologías más eficientes, ya que éstas no son demandadas por falta de conocimiento. Además, muchas veces no se cuenta con la capacidad de especificar los equipos requeridos y, particularmente, de evaluar los beneficios energéticos y económicos de las nuevas tecnologías.

Finalmente, las barreras institucionales pueden ser de tipo regulatorio o empresarial, tales como inexistencia de unidades de gestión de la energía al interior de la empresa, o la desvinculación de éstas de las instalaciones productivas, que es donde se toman las decisiones de selección de equipos. Estos obstáculos son prácticamente los mismos que han debido enfrentar los países que han intentado promover la eficiencia energética.

Si bien los cambios culturales se desarrollan en el tiempo a través de políticas y estrategias educacionales, se trata de procesos lentos, que a veces pueden tardar generaciones.

Es por ello que a diferencia de los instrumentos regulatorios directos que están fundamentados en mecanismos de comando y control, los instrumentos de eficiencia energética, dado su carácter indirecto, debieran basarse en incentivos que promuevan en forma efectiva la eficiencia energética o que otorguen flexibilidad en el cumplimiento de determinados estándares, características propias de los instrumentos económicos y cuyo objeto radica en obtener la mayor ganancia ambiental y social al menor costo posible, utilizando principalmente el mecanismo de la información para la superación de barreras.

A nivel nacional, la eficiencia energética ha estado presente en los distintos instrumentos de política energética que se han dictado en el país, desde la “Estrategia Nacional de energía 2012-2030”, la “Política Energética de Chile Energía 2050” y recientemente la “Ruta Energética 2018-2022”.

Sin lugar a dudas, la política pública en eficiencia energética con mayor impacto ha sido la basada en la información del etiquetado de artefactos y vehículos, la cual se ha desarrollado justamente, al amparo de la ley N° 20.402, de 2009, que creó el Ministerio de Energía, y le otorgó a éste las facultades para etiquetar y establecer estándares mínimos de eficiencia energética.

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