Este ensayo describe cómo, de una manera similar a lo ocurrido en los demás países latinoamericanos, la política que consiste en demorar la implementación de los derechos territoriales reconocidos a los indígenas hasta su negación, le ha permitido a ciertos actores económicos y políticos expandir sus esferas de influencia sin trabas por tierras que beneficiarían del grado mayor de protección jurídico de que gozan las tierras indígenas en Chile.
Se consideran algunas razones por las cuales las autoridades étnicas y municipales oficiales no han reclamado por el retraso en el saneamiento, ni por la reducción por vía administrativa y jurídica de las propiedades a regularizar. El caso nos lleva a formular nuevas preguntas de investigación acerca de los ciclos y modos de territorialización y diferenciación en Atacama, incluyendo los del poder estatal.
Mientras tanto, las compañías mineras obtienen del gobierno concesiones en áreas respecto de las cuales éste percibe a cambio, ingresos por la venta, arriendo y concesión de tierras fiscales, así como por las servidumbres que imponen las faenas. Lo desigual de esta carrera propietaria entre indígenas, Estado y mineras se refleja en que las comunidades andinas de la II Región no han podido hacer efectivos sus derechos territoriales en tiempo y forma.
Territorialidad, Intermediación y Propiedad: Relaciones Cambiantes
El problema de los límites parece ser, en efecto, una constante en los Andes centro-sur y en el área considerada en este ensayo (actual provincia de El Loa, II Región de Antofagasta).
No queda claro, empero, que dichos "límites" tengan necesariamente que ver con la noción de espacio (discontinuo u otro). Tal como lo demostrara Casey (1996) desde la filosofía, o Tilley (1994) para la arqueología, la noción de "espacio" refleja una idea objetivada del entorno humano y mantiene innecesariamente la fractura mental cartesiana entre naturaleza y cultura.
Distinguir territorialidades indígenas de la estatal por considerar que esta última es artificial, puede llevar a desconocer cómo éstas se han definido mutuamente a través de la historia, en una dialéctica tan sólo aparentemente cerrada.
Cualquier lugar o persona es una amalgama de nociones territoriales estáticas y dinámicas, grados de rigidez y flexibilidad, opciones de ensanchamiento y achicamiento, y de funcionalidad (Sack 1986). Por eso, no es posible analizar los tejidos territoriales indígenas actuales sin a la vez considerar sus relaciones con la trama estatal: juntos han generado el campo discursivo y las formas heterogéneas de organización social y ocupación que forman parte de cierta experiencia compartida, la misma que es plasmada, por ejemplo, en artefactos burocráticos y elocuentes silencios, que quedan como prueba de rituales en otros tantos procesos territoriales.
En efecto, las territorialidades no vienen dadas: son procesos que se construyen, delinean, ritualizan y transforman socialmente, sin cesar. Intentar leer entre y tras los escritos burocráticos se vuelve así una ejercicio antropológico y etnohistórico ineludible para distinguir con claridad cómo la voz "apropiada" contrapuntea con la "ajena" a lo largo del tiempo, y una línea de fuga territorial se separa de otra.
¿Pero qué diablos es "territorialidad"? ¿Qué es lo que hace?
Re-tracemos a continuación algunos de sus elementos atingentes a nuestro caso:
a) Territorialidad como estado mental
La tradición legalista francesa define la territorialidad como "la personalidad del derecho". La angloamericana la considera, en cambio, como una expresión geográfica de poder personal y/o social.
Sea "derecho" o "poder", ambas definiciones dan cuenta de una voluntad de territorio, el que la geopolítica adscribe comúnmente a los Estados. Esta territorialidad estatal se despliega discursivamente sobre la base de una institucionalidad normativa con axiomas llamados constitucionales.
La funcionalidad más característica del Estado territorial viene dada por cuadros político-administrativos que gestionan unidades de planificación y ejecución nacionales y regionales. En el nivel local, es la municipalidad o la comuna la que articula con mayor fuerza la micropolítica de la ocupación y gestión del Estado.
La Municipalidad de San Pedro de Atacama la ejerce especialmente en relación con la temática indígena, intermediando entre el Estado, el mediano y el gran capital minero e industrial, y espacios y organizaciones locales sobre las cuales ejerce cierta tutela legal (y cada vez más en los hechos).
Por extensión, la estatal siempre se caracteriza como una territorialidad "intermediaria" con grandes vacíos de significación (¿qué significa la Provincia de El Loa, más allá de las prácticas administrativas que le están asociadas?).
Además de dividir administrativamente, el Estado homogeniza territorialidades "privadas" bajo un número limitado de tipos y sujetos propietarios excluyentes y catastrables: individual (persona natural), corporativa (persona jurídica), nacional (pueblo) y fiscales (Estado); cada una con sus subespecies.
La personalidad territorial de la mayoría de los Estados latinoamericanos -incluyendo al chileno- se ha caracterizado, en cierto modo, por un repetido catastrar y dividir estas unidades económicas diferenciadas.
Pero las propiedades o parcelas de poder que el fisco siempre está intentando medir, distribuir y redistribuir, son lógicamente anteriores a la noción misma de Estado (que no es sino otra acepción y forma de propiedad).
Así, aunque la Constitución chilena "asegura a todas las personas (...) el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre bienes corporales e incorporales" (19 Nº 24), debe entenderse que las "especies de propiedad" protegidas sólo son las que la ley designa como tales.
Pero como veremos en el caso atacameño, las categorizaciones estatales suelen pasar por alto los múltiples niveles de tenencia y aprovechamiento de recursos que existen localmente, el continuo social que entrevera modos no propietarios (vinculados a sistemas, jerarquías y calendarios de acceso a recursos y la producción), formas y percepciones de propiedad de uso común y/o colectiva (p.e., los canales de regadío), y otras de propiedad individual, con variantes en cuanto a administración, usufructos, usos, posibilidades de producción, enajenación y beneficio, entre otros.
Así, el análisis antropológico no puede quedarse solamente con la territorialidad en clave estatal, sino que también debe ser capaz de reconocer aquellas que ésta trata de eclipsar y encoger.
Sea la de las leyes y del Estado, o de los indígenas, de los ecólogos, misioneros, empresarios o mineros, para la antropología, cualquier manojo de signos o "poderes" distintivos que marque y haga efectiva la disposición, así como el acceso, uso y/o goce exclusivo de recursos (tangibles e intangibles), es "propiedad".
En efecto, las diversas sensibilidades y modos de apropiación, valoración y demarcación territorial en juego y las formas de exclusión a que dan lugar sólo pueden abordarse caso por caso; es decir, como intrincadas formas de "conocimiento local" (Geertz 1983).
Debe entenderse que las opiniones y actitudes locales poco o nada tienen que ver con la legalidad y sus "propiedades" dominantes, tal como son propugnadas por nuestras clases políticas. Para éstas, el territorio estatal sería un tejido de adscripciones idealmente estáticas y manipulables desde el punto de vista político-geográfico.
Lo que más caracteriza a los procesos de apropiación e intercambio de recursos y de conocimientos, sin embargo, es más bien el juego y mutación permanente de territo-rialidades, donde la ley es tan sólo uno de los términos posibles de relación.
Así, por más que se articule en términos de territorio y propiedad, la territorialidad estatal no es por eso más real o de una ontología superior a la multiplicidad de territorialidades subyacentes y la Babel de formaciones históricas más o menos distintivas.
La construcción y movilidad permanente de territorialidades tiene estrecha relación con la presencia de oportunidades y limitaciones económicas y políticas, a su vez correlacionada con los diversos valores y grados de acceso a la información/poder territorial enhebrados en la multiplicidad de redes socioespaciales simbólicas y productivas.
Cuando algún despliegue territorial logra excluir absolutamente a otros del acceso a ciertos recursos (p.e., mediante la guerra, fronteras duras, el secreto, o apoyándose en formas estructurales de violencia ligadas al capital), imponiendo "su" práctica excluyente, se puede hablar de una modalidad territorial propietaria o exclusiva.
Nuevamente, esto no significa que tal o cual propiedad lo sea realmente o totalmente. Por eso, los llamados estudios de frontera han adquirido cierta relevancia como parte del canon antropológico.
Aquí, más que estudios de la vida social en fronteras geopolíticas "literales" (Alvarez 1995), trabajaremos con una noción ampliada de frontera en tanto "frontera de sentido" conceptual como la que hemos visto girar en torno a las nociones de territorialidad y propiedad.
Enseguida consideramos algunos elementos de las fronteras territoriales en sus aspectos propiamente antropológicos.
b) Enfoque territorial
Hasta ahora hemos propuesto una línea interpretativa que combina variables geográficas, identitarias y artefactuales. Para poder manejar las complejidades que envuelve este empeño, hemos venido trabajando con una herramienta...
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